La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió una serie de respaldos como respuesta a la avanzada sobre su cargo que quiere hacer el futuro gobierno de Mauricio Macri. “Apoyamos la permanencia de la procuradora porque no sólo está haciendo un muy buen trabajo sino que además es inconstitucional pretender removerla. Para eso sería necesario un juicio político y no hay ninguna razón para hacerlo”, dijo ayer el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) también rechazó “cualquier intento de violentar los poderes e instituciones del Estado”. A través de un comunicado, la entidad consideró que resulta “preocupante”, además, que “esta intromisión ilegítima esté dirigida contra una funcionaria que ha demostrado un destacado desempeño en el fortalecimiento del acceso a la justicia de las mujeres, de la comunidad Lgttbiq, y de los grupos históricamente más vulnerables de nuestra sociedad”.

“Si empezamos así, avasallando la Constitución, vamos mal”, dijo Pérez Esquivel en relación con el anuncio de Macri de buscar la remoción de Gils Carbó por todos los medios, aun cuando se trata de un cargo que no es del Poder Ejecutivo y que tiene una estabilidad similar a la de los jueces de la Corte Suprema. En el macrismo están buscando los mecanismos para removerla y señalaron que podrían hacerlo por un decreto o una ley. Pero la herramienta que debería usarse es el juicio político y para eso debería haber además una causal que lo justifique.

“Tengamos en cuenta que el futuro presidente todavía ni asumió, así que todo el pedido es totalmente irregular y la única motivación que podría tener sería que tiene interés en poner a todos los funcionarios que les responden directamente en lugares de poder, y eso no corresponde”, insistió el titular de la Comisión Provincial por la Memoria. Pérez Esquivel diferenció la situación de Gils Carbó de la de Alejandro Vanoli, titular del Banco Central. “Los gobernantes tienen una misión que cumplir y el pueblo tiene que obligarlos a cumplirla, pero no pueden avasallar todo, y mucho menos, antes de empezar a ejercer ese poder”, señaló Pérez Esquivel.

La CHA pidió a Macri “rever la posición que expone al orden constitucional a un grave peligro mediante el avasallamiento a las instituciones, al sistema de justicia y a la autonomía de los organismos estatales que tienen roles de contrapeso indispensables para la vida democrática”.

Por la mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, subrayó que si el próximo gobierno tiene previsto remover a la procuradora tendrá que hacerle “juicio político” tal como “lo marca la Constitución”. Fernández dijo que si Gils Carbó “no está dispuesta a que se la quiera sacar a empujones de la Procuración, será objeto de la discusión, y si insisten, deberán presentar su acusación a la Cámara de Diputados y lograr que la acuse y después que sea la Cámara de Senadores la que tome la decisión eventualmente de sacarla de su cargo”. Por último, aseguró que para llevar a cabo esa determinación “tienen que tener los números” de los legisladores nacionales que los apoyen.

Ayer, la propia Gils Carbó, en la reunión anual del Ministerio Público, que contó con la presencia de más de 200 funcionarios judiciales de todo el país, consideró que “se quieren llevar puesta la estabilidad de todos los fiscales y defensores oficiales” y ratificó que no pensaba renunciar a su cargo.

Gils Carbó recibió también el apoyo de organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe que señalaron que todo intento de “remoción compulsiva” sería inconstitucional y afectaría el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad. “La procuradora fue elegida para su cargo casi por unanimidad del Senado y de acuerdo con la Constitución Nacional, y sólo es posible su remoción a través de un juicio político perfectamente fundamentado”, señaló una declaración de organismos bahienses como la APDH, H.I.J.O.S. y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, entre otras entidades. Para los firmantes del documento, “es relevante que quienes se dicen defensores de las instituciones y la República (en alusión al gobierno electo del PRO) hablen de una remoción compulsiva de la funcionaria, cuando no es injerencia del Poder Ejecutivo dicha acción”. Este intento de desplazamiento “pone en juego a la procuradora de la Nación, conllevando la obstaculización y freno de los juicios por delitos de lesa humanidad y el avance en el enjuiciamiento a los civiles gestores y partícipes de la dictadura genocida”, señalaron una decena de organismos de derechos humanos y sociales.