Gustavo Ramón De Marchi, el represor condenado por delitos de lesa humanidad en San Juan que el 25 de julio de 2013 se fugó del Hospital Militar Cosme Argerich junto con Jorge Olivera, fue detenido ayer al mediodía por la Policía Federal en el corazón de Buenos Aires. Los dos millones de pesos que el Poder Ejecutivo había ofrecido como recompensa un día después de la fuga no fueron necesarios: una investigación del fiscal federal Franco Picardi y de la División de Seguridad Interior de la Policía Federal, que incluyó intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia, permitió ubicarlo cerca de la casa de su hermana, en el barrio de Almagro. Sin el bigote que lo tornaba inconfundible, lejos de la soberbia que mostró durante el juicio oral, el torturador se entregó sin chistar y quedó detenido en la alcaidía del Palacio de Tribunales.

La investigación sobre la fuga estuvo originalmente a cargo del juez federal Claudio Bonadio, que en marzo resolvió que la causa pasara a San Juan, desde donde se habían cursado las autorizaciones para los traslados al penal de Marcos Paz, última escala antes del Argerich. El fiscal federal Leonel Gómez Barbella se opuso. Argumentó que la evasión se había producido en el hospital de la avenida Luis María Campos, que los familiares de los prófugos residían en Buenos Aires, e invocó la conexidad con la causa que investigaba a agentes del Servicio Penitenciario Federal por las deficiencias en los controles. La Sala II de la Cámara Federal le dio la razón al fiscal: consideró “indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar”. Tres días después, el 22 de mayo, Bonadio delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal. En junio concluyó la subrogancia de Gómez Barbella y la investigación quedó en manos del flamante fiscal Picardi.

De las intervenciones telefónicas al círculo familiar del prófugo y las tareas de inteligencia de la Policía Federal surgió que De Marchi estaba en Buenos Aires. Los investigadores eran optimistas en poder detenerlo el martes, cuando el represor tenía previsto celebrar su cumpleaños, pero el trabajo dio frutos antes de lo pensado. Ayer a primera hora le avisaron al fiscal que la captura estaba más cerca y le mostraron una foto tomada a cierta distancia que permitió confirmar su identidad. Horas después De Marchi apareció, solo, en uno de los lugares que vigilaba la policía, cerca de la casa de su hermana, y fue detenido sin emitir palabra. “La policía trabajó muy bien. En los últimos meses se había profundizado mucho la búsqueda y gracias a eso se lo pudo detener”, destacó Picardi, que también tiene a su cargo la investigación del paradero de Olivera.

Teniente primero retirado y martillero público de 66 años, De Marchi fue condenado el 4 de julio de 2013 a la pena de 25 años de prisión por delitos que cometió en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan durante la última dictadura. El tribunal oral integrado por Héctor Cortés, Alejandro Piña y Raúl Fourcade consideró probada su participación en 32 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados contra perseguidos políticos. Antes de escuchar la sentencia les advirtió a quienes lo acusaban que era un “prisionero político”, que ellos eran sus “enemigos” y se ufanó de haber sido entrenado para fracturarle la tráquea a una persona con un movimiento de dos dedos. La misma pena, en otro juicio, había recibido en 2008 su hermano, el empresario Juan Carlos De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes.

Luego de las fugas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pasó a retiro a seis oficiales y un suboficial destinados en el Hospital Militar, y prohibió el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios y ordenó al Servicio Penitenciario que no traslade a ningún represor a centros de salud militares. Días después creó un protocolo para el traslado de detenidos.

De Marchi y Olivera sabían desde mediados de junio, días antes de la sentencia, que durante la feria judicial de invierno iban a ser trasladados desde San Juan a cárceles de la provincia de Buenos Aires. Según un informe publicado por el sitio web de la Procuración General de la Nación, de las actuaciones tramitadas ante el juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo surge que en el penal de Chimbas tenían acceso a Internet, que gestionaron turnos para los mismos días y horarios, y que esos turnos excedían largamente la feria. Las constancias de la causa revelaron además que el Ministerio Público Fiscal fue marginado de todo el proceso y que el Tribunal Oral de San Juan, que igual que Rago Gallo tenía a su cargo a los dos presos, estuvo ajeno a lo ocurrido hasta el 18 de julio, un día después de que el Servicio Penitenciario de San Juan les entregó a los detenidos a sus pares del Servicio Penitenciario Federal. Rago Gallo les había negado permisos de “traslado permanente” al penal de Marcos Paz, que pedían invocando la cercanía con sus familias, pero les otorgó “traslados temporales” que sirvieron para achicar distancias con el Hospital Militar. Allí trabajaba la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, una militante católica que despotrica contra “los zurdos” y “el marxismo” y que se ocupó de gestionar turnos con dermatólgos, traumatólogos, urólogos y demás especialistas. Los represores se fugaron el 25, pero se habían asegurado turnos en los mismos días y horarios para otras cuatro fechas.