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En un informe producido en noviembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires destacó “la prácticamente nula respuesta del sistema penal ante los casos de tortura y apremios” ilegales ocurridos en unidades penitenciarias. El organismo, citado en el informe del CELS, sostuvo que lo sucedido “contribuye a la impunidad de estos casos, fenómeno que retroalimenta la ocurrencia de nuevos casos”. La conclusión se fundamentó en que de 3013 causas por denuncias de torturas y apremios ilegales, “sólo 30 fueron elevadas a juicio (el 1,5 por ciento), 1062 se hallaban en investigación preliminar y en 1921 casos se estimó que no había mérito para acusar”.
Las conclusiones fueron dadas a conocer en el marco de las Jornadas sobre Violencia y Sobrepoblación Carcelaria que se realizaron recientemente en la Facultad de Derecho, con participación del CELS y de la Procuración Penitenciaria. El informe de la Secretaría precisó que hubo 3010 casos de apremios y tres de torturas. Estos últimos fueron archivados junto con otras 1853 denuncias por apremios.
Uno de los presos denunciantes fue Daniel Chocobar Guaimas, quien acusó al Servicio Penitenciario Bonaerense. El detenido recibió varias amenazas de muerte “y finalmente, el 18 de junio de 2002, fue asesinado de una puñalada mientras se encontraba en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, faltándole tan sólo un mes para recuperar su libertad”, recuerda el CELS en el informe.
Cuando se presentó en la Cámara Penal de San Isidro para hacer la denuncia, Chocobar Guaimas dijo que algunos compañeros de prisión le habían hecho algunas confesiones inquietantes: “Me mandaron a matarte a cambio de pastillas, salidas y buen trato”. Eso se concretó el 18 de junio, cuando otro interno le pegó una puñalada en el estómago.
Otro denunciante del SPB es Hernán Larrañaga Rodríguez, quien luego “fue incendiado en su celda”. El informe médico precisó que “sufrió quemaduras de tipo B y C en ambas manos y cráneo, en miembros inferiores y en el abdomen. Padeció quemaduras en el 25 por ciento de su superficie corporal, así como también aspiración de monóxido de carbono”. Un detenido, que declaró bajo reserva de identidad, dijo que el “alcalde mayor Daniel Espinillo y el alcalde mayor Moriondo portaba (sic) en sus manos un bidón transparente con líquido amarillo, mientras entraban al sector de aislamiento de la unidad” en la que estaba Larrañaga Rodríguez.
La acusación del testigo involucró también “al sargento Rodríguez (...) que permaneció en dicho pabellón portando una lata sin etiqueta, vacía, mientras se reía y salía corriendo”. La víctima estuvo entre diez y quince minutos gritando hasta que le dieron asistencia y apagaron el fuego. Después de meses en terapia intensiva, continúa preso y amenazado.
Los casos con nombre y apellido son muchos. Juan González Sosa, testigo del caso Chocobar Guaimas, murió quemado en su celda del penal 28 de Magdalena el 22 de noviembre de 2001. Otro testigo del mismo caso, Ricardo Sosa Márquez, fue incendiado en su celda de la Unidad 9 de La Plata, el 31 de octubre de 2001. Lo peor es que luego dijeron que fue “autoagresión”, le aplicaron un correctivo disciplinario y hasta le quisieron cobrar los 23 pesos que costaba el colchón incendiado.