El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que en los próximos días se firmarán dos nuevos decretos de necesidad y urgencia para reformar leyes que fueron aprobadas durante el último año por el Congreso: uno será sobre el traspaso del área de las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y otro se referirá a la postergación de la aplicación del Código Procesal Penal. Ambas cuestiones están vinculadas con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y ambas tienen como consecuencia un recorte en las atribuciones del Ministerio Público Fiscal. Si bien el ministro afirmó en los últimos días que no está previsto un decreto para remover (o intentar hacerlo) a la funcionaria, el objetivo de desplazarla sigue en pie. Garavano insistió ayer en que “sería bueno” que diera “un paso al costado” y, a la vez, el Gobierno analiza acortar con una ley la duración del mandato de la procuradora.

Garavano habló ante un grupo de periodistas en la sede del ministerio de Justicia, donde ofreció un brindis de fin de año. Al ser consultado sobre la situación de Gils Carbó, afirmó: “Es una decisión de ella de dar un paso al costado. Lo que hay es una decisión de corregir algunas facultades que se le habían otorgado al Ministerio Público, que de algún modo son contrarias al espíritu de la propia reforma del sistema acusatorio. Las instituciones y organizaciones del sector reconocen que es imposible cumplir con el plazo legal del 1º de marzo. En los próximos días saldrá un decreto de necesidad y urgencia que posterga la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para poder planificar con la comisión bicameral una nueva estrategia de implementación”.

El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio, que a grandes rasgos implica que las investigaciones están a cargo de los fiscales y los jueces actúan como garantes del proceso. Garavano afirmó que respaldan la decisión y necesidad de hacer esta reforma, pero que buscan retrasar su implementación y hacerle algunos “ajustes”, porque a su entender, por ejemplo, no se ajustaría a las necesidades de perseguir la trata, el narcotráfico o la criminalidad económica y estaría orientado a delitos de “baja intensidad”.

“Necesitamos que al Código se le haga una serie de ajustes significativos. Incluso en el rol de los jueces, porque plantea algunos desequilibrios. Se pasó de la lógica del juez de instrucción que todo lo puede al fiscal que todo lo puede. Necesitamos frenos y contrapesos. Por medio de un decreto de necesidad y urgencia vamos a hacer un esquema correctivo mínimo, llamémosle minimalista, que ajusta algunas cosas, que evita que se produzcan gastos innecesarios, estructuras duplicadas y se abre un capítulo de diálogo para trabajar con organizaciones del sector para hacer ajustes al Código, a las leyes orgánicas y a la ley de implementación del Código”.

En términos políticos, el Gobierno parece intentar retrasar el nuevo sistema hasta que pueda sacar a Gils Carbó de su puesto, algo que de todas formas no es muy sencillo en un corto plazo. Garavano anunció que no tomarían esa medida por decreto, pero sí dijo que buscarán reformar la Ley del Ministerio Público. Uno de los cambios sería acotar el mandato del Procurador General, que en estos momentos tiene “estabilidad en el cargo mientras dure su buen desempeño”. Es decir, que no puede ser removido por el Poder Ejecutivo sino mediante un juicio político en el que interviene el Congreso y para el que se necesitan los votos de los dos tercios del Senado. Desde el Gobierno aseguran que, de todas formas, el mandato puede ser acotado por ley porque, a diferencia de los jueces de la Corte Suprema, la estabilidad de la procuradora no surge de la Constitución. También defienden que el eventual recorte temporal del cargo sería válido para Gils Carbó, lo que implicaría aplicarlo retroactivamente. Más allá de la discusión acerca de si la estabilidad de la procuradora es equiparable a la de los supremos según la Constitución, Gils Carbó cuenta con un antecedente valioso en la Corte Suprema. En el caso del ex procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, el máximo tribunal señaló que el funcionario gozaba de la garantía de inamovilidad, porque así era cuando asumió su puesto, aunque luego se hubieran hecho reformas. Es decir, que la jurisprudencia de la Corte Suprema juega en contra de los deseos del Gobierno, al igual que en el caso de los nombramientos en comisión de los ministros de la Corte, que entran en colisión con los fallos del tribunal referidos a los conjueces y jueces subrogantes.

Las escuchas

El segundo decreto de necesidad y urgencia que se conocerá en los próximos días es el del anunciado traspaso de las escuchas a la Corte Suprema. En este sentido, el ministro defendió la decisión de las críticas que señalan que esta medida no se puede hacer por decreto porque sería legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución. “La legislación en materia penal se refiere al código penal de fondo. Todo lo que tiene que ver con formas procesales son locales y esto ni siquiera tiene que ver con normas procesales sino con la organización del sistema. Eso no tiene que ver con lo que la Constitución dice de materia penal y tributaria, que son facultades del Congreso. Esto no es legislar en materia penal”, afirmó

Luego, justificó la decisión: “No tiene lógica que en un sistema constitucional en el que son los jueces los únicos que pueden autorizar una invasión de la privacidad la estructura esté en manos de los fiscales, que son una de las partes en el proceso”, señaló. Y dijo que “muchos jueces y fiscales cuestionan el sistema de escuchas”. Desde la Procuración, en cambio, afirman que no recibieron cuestionamientos y en cambio sí respaldos a la forma en que implementaron las escuchas. Desde que la ex SIDE transfirió el sistema, solo hubo un problema en un caso debido a un inconveniente con la empresa de telefonía. Cerca de Gils Carbó, además, dan vuelta el argumento del ministro. Dicen que si en muchas provincias rige el sistema acusatorio y hacia allí marcha el diseño nacional, los jueces deben controlar y no involucrarse en la investigación. “¿Quién controlará la legalidad si un defensor pide la nulidad de las escuchas? ¿Será la propia Corte, que en definitiva las autorizó? Si las escuchas las hace la Procuración, la Corte, en cambio, puede ser el contralor de esas medidas”, sostienen. Señalan además que si bien la Procuradora nunca pidió hacerse cargo de las escuchas, no conocen antecedentes de otros países en el que ese sistema dependa de la Corte Suprema.

Lo que está por debajo es el temor de que las “pinchaduras” regresen a la vieja Ojota o a sus ex integrantes. El ministro descartó esa idea y afirmó que se traspasarán “las oficinas, el personal y el equipo técnico, que debería ser muy escéptico y respetuoso “ y que “lo evaluará la Corte”.

En la Procuración ven con preocupación este cambio: “Entender y hacerse cargo de las escuchas llevó meses, se hizo, por ejemplo, auditorías para saber qué escuchas abiertas se recibían, para comprobar que no se estuviera espiando a cualquiera, se capacitó personal antes de recibir el sistema, se armó una comisión de traspaso de diez personas. Fue un proceso muy paulatino. Si la Corte cree que puede hacerse cargo de un día para otro, no va a ser así. La única forma de hacerse cargo de un día para otro es que vuelva la Ojota”.