Lunes, 18 de enero de 2016 | Hoy
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará hoy en una sesión extraordinaria el traspaso de la Policía Federal a la órbita del Ejecutivo local, medida que prevé la transferencia de unos –según se estima– 18 mil integrantes de la fuerza federal, que confluirán con los miembros de la Policía Metropolitana, según acordaron el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En ese contexto, los diputados nacionales del Frente para la Victoria electos por la Ciudad de Buenos Aires le exigieron a Macri “el llamado en forma urgente a sesiones extraordinarias del Congreso nacional para dar curso al debido tratamiento del traspaso de la Policía Federal Argentina a la órbita local, donde a diferencia del parlamento nacional sí habrá debate y discusión”. Firmada por Axel Kicillof, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Nilda Garré, Carlos Heller y Liliana Mazzure, la nota señala que es “una fuerte contradicción que mientras que el gobierno porteño habilita el tratamiento” del traspaso policial en el ámbito legislativo local “el Poder Ejecutivo Nacional clausure nuevamente la discusión de una cuestión tan sensible para todos los vecinos de la ciudad”. Los diputados del FpV también observan que el acuerdo firmado entre Macri y Larreta “es más bien un manifiesto de voluntarismo político, enunciado en términos muy generales y carente de los antecedentes y detalles técnicos fundamentales para evaluar e implementar con responsabilidad una iniciativa institucional de semejante envergadura”. Además, consideran preocupante “la omisión deliberada de toda mención a las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace décadas la cuestión de la seguridad ciudadana en un marco de respeto a las garantías constitucionales y el Estado de derecho. Este último aspecto no es un tema menor, dados los recientes episodios de violencia protagonizados por la Gendarmería Nacional en el partido de Ezeiza y por la policía bonaerense en la Ciudad de La Plata, como así también la arbitraria detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala, hechos que confirman la preocupante convicción que tiene la Alianza Cambiemos respecto de que las manifestaciones y concentraciones de personas son hechos punibles, plausibles de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad”.
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