El fiscal nacional José María Campagnoli se apresta a formalizar su integración plena al gobierno de Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, se reunieron el lunes con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien le manifestaron su interés para que el fiscal de instrucción que militó activamente en las filas de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner se sume a una nueva unidad de búsqueda de prófugos bajo la órbita del Poder Ejecutivo. La procuradora prestó su acuerdo y le concederá una licencia a Campagnoli, que de todos modos no perderá su estabilidad como miembro del Ministerio Público Fiscal.

Titular desde 2003 de la fiscalía descentralizada del distrito porteño de Saavedra y Núñez, Campagnoli acumuló durante años denuncias por abuso de poder, mal desempeño e irregularidades en las investigaciones, en su mayoría formuladas por jueces, fiscales o abogados, incluidos ex empleados que huyeron de su fiscalía por su particular estilo de conducción. La larga lista de denunciantes incluye a miembros de la Campaña contra la Violencia Institucional como Leonardo Grosso y Jorge Taiana, a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y a la Comunidad Homosexual Argentina. Dos años atrás un jurado de enjuiciamiento lo suspendió en sus funciones y comenzó una investigación por mal desempeño, que incluyó la acusación de manipular una causa para cambiar su objeto de investigación y redirigirla hacia el empresario Lázaro Báez. A mediados de 2014, luego de un proceso dominado por amenazas de muerte y presiones a los miembros del jury, el tribunal de enjuiciamiento resolvió reponerlo en el cargo por cuatro votos contra tres. El voto clave fue del vocal de la Asociación de Magistrados que suplantó a una jueza renunciante tras haber recibido amenazas, quien se eligió a sí mismo para integrar el jury. El último año, ya convertido en héroe popular por los grandes medios y en medio de empalagosos cruces de halagos con Elisa Carrió, Campagnoli participó en primera fila de los distintos actos y manifestaciones impulsados por la corporación judicial contra el gobierno nacional.

La noticia sobre el futuro destino del mediático fiscal no la confirmó el Ejecutivo sino el Ministerio Público al informar sobre la reunión de la procuradora con los funcionarios de Cambiemos. Según el sitio de la Procuración, Gils Carbó dialogó con Bullrich y Burzaco “sobre la articulación de ambos organismos en la persecución de la criminalidad organizada, en particular de las organizaciones narcocriminales”. Durante la reunión, Bullrich manifestó su preocupación por las nuevas amenazas e intimidaciones sufridas por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel (que intervino junto con Carlos Amad en el juicio oral por la causa “Carbón Blanco”, por el contrabando de una tonelada de cocaína) y ofreció colaborar para garantizar la seguridad de ambos magistrados, sus equipos de trabajo y sus familias. Luego le hizo saber a Gils Carbó y al secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Lisandro Pellegrini, su interés en que Campagnoli quede al frente de una unidad de búsqueda de prófugos. Gils Carbó le informó entonces que concedería la licencia correspondiente para que pueda ocupar eventualmente ese cargo.

La idea de crear una unidad de búsqueda de prófugos bajo la órbita del Ejecutivo surgió luego del papelón derivado de la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci de la cárcel de General Alvear. “Todavía no hay una decisión tomada”, aclaró Bullrich en una entrevista que publicó el domingo el bisemanario Perfil. “Estamos trabajando en una unidad especial de búsqueda de prófugos pero no quiero dar por hecho algo que no está”, se atajó. La ministra admitió que había tenido “conversaciones” con Campagnoli y que le interesa “la persona y su experiencia”.