La dirección provincial de Políticas Reparatorias, que estaba en órbita de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, dejó de funcionar por decisión del flamante secretario, el massista Santiago Cantón. Esa oficina, que se puso en funcionamiento en el año 2012 por iniciativa del ex titular de la Secretaría, Guido “Kibo” Carlotto, tenía como objetivo fundamental “la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado” para “restituirlos como sujeto de derecho”, según informaron quienes hasta ayer eran responsables de ese área.

“Desde la Secretaría se desarrollaron políticas públicas para que el Estado de Derecho cumpla con las obligaciones en materia de promoción, protección y reparación de los daños producidos por el Estado terrorista sobre las bases de memoria, verdad y justicia”, escribieron los directores Marina Vega, Ramón Balbiene y Víctor Hugo Díaz en un comunicado que difundieron, denunciando el vaciamiento que está sufriendo la oficina desde la asunción de la gobernador María Eugenia Vidal.

Como ejemplos de políticas concretas que se llevaron a cabo desde ese lugar, citaron “el relevamiento de 53 cementerios municipales en busca de información sobre enterramientos clandestinos en dictadura”, la compilación de “2066 muestras de sangre de familiares de desaparecidos”, el trabajo conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, la señalización de 40 ex centros clandestinos de detención, la construcción de los cinco Espacios de Memoria, la participación como querellantes en 18 juicios de lesa humanidad, entre otras acciones. Los responsables de la dirección se manifestaron preocupados por “la situación en la que quedan las víctimas y familiares” y consideraron la medida “una vuelta atrás de todas las políticas de memoria, verdad y justicia construidas en los últimos años”.