La conducción de Federico Sturzenegger dispuso ayer el despido de 47 empleados de áreas estratégicas del Banco Central. Las cesantías estuvieron centradas en trabajadores que ingresaron durante la gestión anterior, a cargo de Alejandro Vanoli, y que se desempeñaban principalmente en las áreas de supervisión de delitos financieros y cambiarios, derechos humanos y protección al usuario. Estas dos últimas áreas quedaron completamente desmanteladas. Un grupo de trabajadores encabezado por Victoria Prado, quien realizaba inspecciones para hallar cuevas financieras cambiarias, presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, por persecución política e ideológica. Desde el Central sostienen que se echó a personal que había sido nombrado a dedo por el ex presidente del organismo.

Los trabajadores despedidos fueron anoticiados en la mayoría de los casos mientras llevaban a cabo sus funciones. Uno de los inspectores encargados de hacer los relevamientos en busca de cuevas fue llamado por teléfono para avisarle su despido mientras llevaba a cabo un allanamiento en un establecimiento. Entre los despedidos se encuentran todos los técnicos de área de Derechos Humanos, encargados de investigar la complicidad del sistema financiero en la última dictadura militar, técnicos del área de supervisión y el personal del departamento de Protección al Usuario. “Lo que buscan es desarticular lugares clave que se crearon para supervisar al sistema financiero”, sostuvo un directivo desplazado. Según explicó Prado a Página/12, en el telegrama que entregó recursos humanos del BCRA no se aducía causa de despido.

Desde el sindicato La Bancaria detallaron a este diario que el personal despedido incluía a trabajadores de planta, muchos ingresados a través de concurso. Desde el BCRA comunicaron que “durante la gestión de Vanoli ingresaron 220 personas por concurso y búsqueda de recursos humanos, pero hubo designaciones a dedo. Los que se echaron corresponden a esas designaciones por acomodo”, fue la declaración oficial del ente. A través de su cuenta de Twitter, Vanoli calificó la situación como “la mayor persecución política desde la Dictadura”. “Está claro que los derechos humanos, el trabajo y los derechos sociales son algo que no le interesa a este Gobierno”, apuntó.