Cuando asumió como director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), luego de la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, a Fernando Díaz lo presentaron como un “emergentólogo” capaz de ponerle fin a “muchos años de desidia, de corrupción y de malas administraciones”. Las palabras del ministro de Justicia provincial, Carlos Mahiques, siguen sorprendiendo porque desde que asumió sus funciones, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Fernando Díaz sigue la misma línea de autogobierno que caracteriza a la fuerza y que él abonó cuando estuvo en el mismo cargo, entre 2005 y 2009. En ese período se hicieron gravísimas denuncias por corrupción en el SPB y se produjeron hechos como la Masacre de Magdalena, en la que murieron 33 presos que estaban en uno de los pabellones de esa unidad.

En una de sus primeras medidas administrativas, Díaz le prohibió el acceso a todas las cárceles bajo su dependencia a la abogada Karina Valenti, que representa a 61 presos alojados en la Unidad 37 de la localidad bonaerense de Barker que habían hecho denuncias públicas contra las autoridades del penal. Valenti le dijo a Página/12 que si bien la medida habría quedado sin efecto, “lo cierto es que la orden del jefe del SPB sigue pegada en todas las unidades y tuve que hacer varias gestiones para que me dejaran entrar a la U-39 de Ituzaingó y a la 14 de Alvear”.

Díaz, en su anterior gestión, que comenzó cuando Felipe Solá era el gobernador y que siguió hasta 2009, cuando Daniel Scioli ocupaba ese cargo, tuvo encontronazos con otros defensores de los derechos de las personas privadas de su libertad. Los problemas comenzaron con las denuncias por supuestos hechos de corrupción realizadas por el defensor penitenciario del Departamento Judicial de San Martín, Juan Manuel Casolati, y con presentaciones, en el mismo sentido, realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En esos años –las cosas no han cambiado mucho–, las denuncias más frecuentes eran por fondos millonarios que se perdían antes de llegar a las cárceles, facturaciones truchas y sobreprecios, mercadería ilegal e incluso la entrega de medicamentos vencidos destinados a los presos. El ministro de Justicia bonaerense, en esos años, era Eduardo Di Rocco.

Uno de los hechos más graves fue la muerte de un bebé, hijo de una de las presas de la cárcel de Olmos, por falta de atención médica. El defensor penitenciario Casolati, que encabezó muchas de las denuncias, fue sancionado por la Procuración General provincial por “excederse en sus funciones”, al denunciar irregularidades en cárceles ajenas a su jurisdicción.

En medio del escándalo por las tres fugas ocurridas en diciembre, el nombramiento de Fernando Díaz pasó desapercibido. Pocos recordaron su anterior paso por el cargo y las denuncias por corrupción que llevaron a su reemplazo por decisión del entonces gobernador Daniel Scioli, en 2009.

Díaz logró sobrevivir al hecho más grave ocurrido durante ese primer mandato: la Masacre de Magdalena, ocurrida el 15 de octubre de 2005.

Ese día, 33 jóvenes privados de su libertad en la Unidad Penal 28 murieron durante un incendio en el Pabellón 1. En ese lugar fueron reprimidos y encerrados por los guardias, que no les permitieron escapar de la trampa de fuego en la que estaban. “Es preferible que mueran 33 y no 200”, fue la justificación que la cúpula del SPB hizo correr dentro de las cárceles, confió a este diario un ex agente penitenciario.

La responsabilidad de la gestión de Díaz fue indudable: el estado de la Unidad era deplorable, los colchones no eran ignífugos, no funcionaban los matafuegos, no había agua en la bomba contra incendios y las personas permanecían en un pabellón que ni siquiera estaba formalmente habilitado y que no reunía los estándares mínimos para el alojamiento de seres humanos.

Una semana después de lo ocurrido en Magdalena, el entonces y hoy director del SPB Fernando Díaz aseguró: “No hay ningún error que reconocer”. Durante ese 2005 se produjo la mayor cantidad de personas muertas en el sistema penitenciario desde su creación.

Un caso similar al de Magdalena se repitió en la Unidad 33 de mujeres, donde tres detenidas perdieron la vida en otro incendio. En ese año también se agravaron los hechos de tortura y su sistematicidad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detectó en sus inspecciones la utilización de métodos como el “submarino seco y húmedo” y el pasaje de corriente eléctrica. Esto pudo ser probado judicialmente.

Otras medidas autoritarias fueron los traslados constantes, conocidos como “la calesita”, que afectaron al 30 por ciento de la población detenida. Todo el sistema se estructuró en base a la violencia ejecutada o promovida, por acción u omisión, por los agentes penitenciarios. En la Unidad 9 de La Plata se pudo probar que los agentes eran quienes proveían de “facas” (cuchillos caseros) a los detenidos que trabajaban para ellos.

En el año 2005, la jueza María Alejandra Otermin hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la CPM y, entre otras medidas, declaró la emergencia carcelaria de la Unidad 5 de Mercedes. La jueza dispuso la reducción progresiva de su población hasta alcanzar el cupo correspondiente. Díaz, como jefe del SPB, interpuso un recurso de reconsideración y apelación. Argumentó que la emergencia era general y no particular y que la jueza no estaba habilitada para determinar el cupo máximo de la unidad.

En 2007, el Juzgado de Ejecución de La Plata dispuso, ante una serie de presentaciones de la CPM, la clausura parcial de la Unidad 35 de Magdalena y consideró que no era un ámbito digno y seguro para el alojamiento de personas. Esas fueron algunas de las situaciones que se produjeron durante la gestión de quien ahora sería el encargado de “reorganizar” el SPB.