En el cuarto piso del edificio Libertador, Mauricio Macri colocó a un coronel retirado, Osvaldo Hipólito Jesús Tosco. Sin nombramiento en el Boletín Oficial, Tosco aparece en el sistema interno del Ministerio de Defensa como Director General de Política Internacional de Defensa, según la confirmación a este diario desde su despacho. Tosco es clase 1952. En 1975 tuvo como destino como subteniente el GAM 8 (Grupo de Artillería de Montaña) de Uspallata desde donde salió en comisión a la Fuerza de Tarea Cóndor, que a partir del 24 de febrero de 1975 fue parte del Operativo Independencia. El asiento del FT Cóndor fue el actual departamento de Lules, por entonces parte de Famaillá. Según la investigación que realizan los organismos de derechos humanos del NOA, en Lules se investigan 25 hechos de lesa humanidad, entre los que hay dos personas desaparecidas y dos asesinadas. En enero de 1977, ascendido a teniente, Tosco pasó al GADA 601 de Mar del Plata con funciones de educador. De acuerdo a un informe provisto a este diario por las antiguas autoridades del Archivo Nacional de la Memoria, el 1º de junio de 2012 un ex conscripto declaró ante la Secretaria de Derechos Humanos de Nación que en Mar del Plata recibió formación “para torturar e interrogar prisioneros” de parte de varios instructores, entre los que mencionó al propio Tosco. Los organismos de derechos humanos del NOA escribieron una carta a Macri con su rechazo a la designación. Consultado por este diario, Tosco confirmó su nombramiento y la ruta de servicios para el Ejército pero niega los cargos vinculados al accionar represivo (ver aparte).

Tosco es sólo uno de los militares retirados que el nuevo gobierno está ubicando en puestos de conducción del ministerio de Defensa. Sus nombramientos no atravesaron las instancias de controles internos de antecedentes que se usaron hasta diciembre para la designación de militares. Pero los antecedentes vinculados a la dictadura de hombres formados en la vieja escuela del Ejército, no son el único problema para sus designaciones. En un escenario de agite de la guerra contra las drogas y con el ministro Julio Martínez que publica en su página web encuentros con los embajadores de Estados Unidos e Israel (“Se trata de dos países amigos que tienen la necesidad de trabajar conjuntamente. Tenemos la instrucción del presidente de la Nación de abrir fronteras, de unirnos y de fomentar las relaciones bilaterales”, dijo Martínez), una de las preocupaciones que aparece es el impacto que puede tener la ubicación de estos cuadros en el rol del ministerio y el paradigma de la conducción civil de las Fuerzas Armadas, que empezó a gestarse con la transición democrática.

Macri designó hasta ahora y, por lo menos, a otros dos coroneles retirados en niveles de subsecretarios. Ambos fueron designados por decretos publicados en el Boletín Oficial, uno como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar y otro como subsecretario de Formación ambos dependientes de la Secretaria de Estrategia y Asuntos militares, actualmente a cargo de Angel Tello, primero funcionario de la Alianza en Defensa, luego viceministro de Horacio Jaunarena durante el duhaldismo, por entonces fervoroso activista de la actuación militar en cuestiones domésticas. Antiguos funcionarios de la cartera sostienen que la designación de militares en estos puestos no sucedía desde la última dictadura militar. “La idea de que los militares no puedan inmiscuirse en cuestiones políticas es un mecanismo que ha permeado y es parte de la construcción del pacto democrático institucional en Argentina”, señala la socióloga Lorena Balardini, becaria doctoral del Conicet, ex coordinadora del área de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Un cambio en ese sentido –que no quiero llamar retroceso directamente– por el cual la política de defensa esté en manos de personal militar es preocupante y requiere como mínimo de un debate público.”

Entre los militares promovidos además de Tosco, está el coronel retirado Eduardo Thenon, como subsecretario de Formación. El coronel retirado Hugo Patricio Pierri quien quedó a cargo de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Y en la última semana fue nombrado Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de investigación, desarrollo y producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción un área con incidencia en Fabricaciones Militares. Serángeli que también es presentado en el boletín oficial como “licenciado”, revistaba en 2011 como comandante del Batallón de Infantería de Marina 5 en Río Grande.

Quién es quién

Osvaldo Tosco se retiró del Ejército con grado de coronel en febrero de 2004. Según su legajo, en diciembre de 1973 concluyó la instrucción en el Colegio Militar y el 10 de enero de 1974 fue destinado al GAM 8 de Uspallata con grado de subteniente. Desde ese destino, pasó “en comisión” a la zona de operaciones de Tucumán durante el Operativo Independencia. Como le recuerdan al presidente los organismos de derechos humanos del NOA en su carta, el Operativo Independencia fue el comienzo del plan represivo en Argentina con la ocupación del territorio tucumano por parte de miles de efectivos del Ejército. Tosco tuvo tres comisiones en Tucumán: del 22 de marzo y al 16 de mayo de 1975; del 1 de octubre al 17 de noviembre de ese mismo año y del 25 de enero al 9 de marzo de 1976.

Siempre de acuerdo a su legajo, en la primera etapa se movilizó como parte de la FT Cóndor y a partir de la segunda en la denominada FT Chilavert. Ahora bien, según los datos de los organismos de Tucumán, la FT Cóndor estuvo integrada por dos escuadrones de Combate: el GAM 8 de Mendoza y el Regimiento de Infantería de Montaña 22 –RIM 22–, ambos dependientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña (Mendoza)-Subzona 33. El FT Cóndor, así formado, comenzó a operar el 24 de febrero de 1975 con el Plan Táctico de Operaciones 2, poco antes del traslado de Tosco a la zona.

El FT Cóndor tuvo bajo su responsabilidad el territorio de Lules que entonces era parte Famaillá. La base de operaciones estuvo en el ex Ingenio Lules, un lugar que funcionó como centro clandestino de detención. La dimensión que alcanzó la presencia del Ejército sobre ese territorio tal vez explique porqué un hombre como él todavía no figura entre los investigados por la justicia en esa zona: sólo en ese departamento de 6.044 habitantes se encuentran identificados por lo menos 10 lugares de detención ilegal, desde una comisaría hasta el casco del Ingenio o la Usina de agua y energía. El jefe de la FT Cóndor era el Teniente Coronel Juan Rocamora. Como todas las FT, ésta tuvo un Estado mayor al mando de un Teniente Coronel y una plana mayor reducida con dos unidades de combate con unos 260 hombres. Tosco integró uno de los dos escuadrones de combate sin puesto de dirección. En ese sentido su caso se parece al de César Milani. A diferencia de los altos mandos, los militares de menor jerarquía suelen aparecer imputados en una causa cuando hay pruebas directas sobre la participación en hechos específicos. La ausencia de esas pruebas es una de las razones por las que hasta ahora puede no haber sido imputado, pero no la única: la otra es la demora en la evolución de las causas a cuarenta años de los hechos en zonas con una devastación arrasadora.

El dato más indicativo en su legajo, sin embargo, aparece más tarde en Mar del Plata. Entre 1977 y 1978 estuvo en Mar del Plata, Buenos Aires y Campo de Mayo. Ascendido a teniente en diciembre de 1976, pasó al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) de Mar del Plata como educador el 5 de enero de 1977. El período coincide con la fecha en la que estuvo el ex conscripto que declaró en 2012 ante la Unidad Especial de Obtención de Datos Sensibles sobre delitos de lesa humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos. De acuerdo, a la información del antiguo ANM el denunciante que pertenece a la clase 1959, entró al servicio militar el 13 de marzo de 1978 y tuvo como destino el GADA 601 de Mar del Plata, lugar en el que Tosco revistó hasta octubre de ese año.

“Al llegar le hicieron entre 45 y 60 días de instrucción”, señala la denuncia. “Durante ese período recibieron instrucción de lucha en distintas localidades”. Durante la instrucción, “tanto en la primera parte, pero sobre todo en la segunda recibieron formación para torturar e interrogar prisioneros”, dijo. La instrucción la recibieron de parte de distintos suboficiales a los que nombró y también mencionó al Teniente Primero Tosco.

“Una noche –agregó en su denuncia–, al dejar la guardia en el Hotel Provincial donde cuidaban a la selección de Brasil, me fui para el cuartel. Pasé por la guardia al dirigirme a descansar a la Batería C, ubicada en el bosque de eucaliptos. Cuando avanzamos, vimos entrar a un camión Unimog que estacionó al otro lado de la Plaza de Armas, desde donde vimos bajar personas vendadas y esposadas. Las bajaron a los golpes”. Con el denunciante había otros dos colimbas. Al otro día, los dos colimbas desaparecieron pero a él le dijeron que habían desertado.

A cara pintada

Hugo Patricio Pierri es nombrado en el decreto de designación sólo como “licenciado”. Fue uno de los militares que tuvo objeciones en el ascenso de su carrera militar. La Constitución atribuye al presidente de la Nación la facultad de promover los ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con acuerdo del Senado. Hasta diciembre del año pasado, los ascensos tenían dos tipos de control. Uno interno, dado que la lista elaborada por al Junta de Calificaciones del ministerio de Defensa pasaba por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, la Secretaria de Derechos Humanos de Nación y era revisado por organismos de derechos humanos. Y otro externo, cuando la lista resultante ingresaba a la Comisión de Acuerdos del Senado y luego era sometida a votación en la Cámara. Como señala el informe 2015 del CELS, en el análisis del capítulo de Milani, esa segunda instancia abre las puertas al control de la sociedad civil sobre los nombramientos dado que la “publicidad de los pliegos y la posibilidad de presentar observaciones se encuentran estipuladas en el reglamento del Senado, que establece el mecanismo de participación ciudadana”. Pierri no logró atravesar alguna de esas dos instancias. Y en el año 2013 consiguió el apoyo de los entonces diputados Patricia Bullrich y Federico Pinedo que presentaron un proyecto de resolución para convocar al ministro Agustín Rossi a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja para que dé explicaciones sobre los criterios adoptados por el Estado argentino en las políticas de ascensos de oficiales superiores y jefes de las FF.AA. Entre los argumentos dieron los nombres de algunos militares objetados: la lista incluyó el nombre de Pierri.

Una de las razones pueden rastrearse poco tiempo atrás. El 1º de diciembre de 2011, un organismo de derechos humanos “informó”, pero no impugnó, en la consulta de Defensa un antecedente de Pierri. Su nombre aparecía en una nota periodística del diario La República de Corrientes. Consideraron que era necesario ponerla en consideración y aconsejaron la búsqueda de mayor información. La nota era junio de 2005 y daba cuenta de un confuso episodio cuando una delegación del Equipo Argentino de Antropología Forense y otros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia se dirigía al predio conocido como La Polaca, un ex centro clandestino de detención a realizar investigaciones. En dicha ocasión los investigadores se toparon con un nutrido grupo militar. Aunque el predio no pertenecía al Ejército, Hugo Patricio Pierri –entonces jefe del Grupo 3 de Artillería– explicó ante la consulta del diario que estaban haciendo ejercicios militares.

A más de diez años del episodio, Página/12 pudo saber que aquella comisión en realidad de topó con camiones del Ejército y soldados que los recibieron FAL en las manos, las caras pintadas y una posición intimidante. Pablo Vassel era subsecretario de derechos Humanos de Corrientes y ese día integró la comisión. “Nos encontramos en Paso de los Libres, a 360 kilómetros de Corrientes, para trabajar en La Polaca con un grupo integrado por los fiscales Germán Wiens, Flavio Ferrini y Benito Pont; del EAAF Silvana Turner; el presidente del Colegio de Abogados de Paso de Los Libres Juan Carlos Coulleri con dos abogados como querellantes de la causa”, dice Vassel. “Era la primera vez que íbamos a entrar al predio que si bien es privado –dado que pertenece a la familia Bompland– está ocupado por el Ejército. Al llegar a La Polaca, distante a 10 ó 15 kilómetros de la ciudad, pasamos por un camino de tierra por el que obligatoriamente había que pasar a 200 metros de la entrada. Allí nos esperaba una columna de dos o tres camiones de militares armados con FAL y con la cara pintada. Era una actitud claramente intimidante y todos lo entendimos así”, explica. “En ningún momento se acercaron a hablarnos pese a que el predio era militar, que nos detuvimos en la entrada y que varios de nosotros estábamos de saco y corbata en medio del campo. Por esa circunstancia y como no teníamos orden de allanamiento, no entramos al predio. Yo no sabía que el hombre que estaba a cargo de ese operativo era Pierri (NdR: dato que sí figura en el diario de Corrientes). Y aclaro que por la conmoción que generó el tema en Libres, ciudad de 40 mil habitantes, él no podía desconocer nuestra visita.”

Coullieri explicó al diario La República que los militares estaban expresamente avisados.

“No se trata de un hecho casual –dijo en ese momento–, ya que el Ejército sabía ya con mucha antelación que iba a llegar el equipo de antropólogos, junto a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia.” Actualmente, Vassel repite que “para todos nosotros fue una maniobra intimidante: era la primera vez que queríamos entrar al predio y como Libres es una ciudad con mucha presencia militar cada vez que viajábamos hacíamos una movida con los medios para preservar a los abogados”.