La jueza Fabiana Palmaghini, a cargo de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, sostuvo que el intento de Sandra Arroyo Salgado de quitarle la causa en la que también interviene la fiscal Viviana Fein para enviarla al fuero federal porteño, “parece ajustarse más bien a sus deseos personales tendientes a lograr que la encuesta peregrine por una única y estrecha dirección, la hipótesis de homicidio”. Sin embargo, “de modo alguno puede definirse qué fue lo que pasó”, aclaró Palmaghini al rechazar el planteo de incompetencia. Para ella todavía falta agotar una gran cantidad de pruebas antes de decir si se trató de un asesinato o de un suicidio y es imprescindible concretar la realización de una junta interdisciplinaria médico-criminalística, que la propia querella había pedido. Ayer estaban citados a indagatoria dos policías federales custodios de Nisman, Luis Miño y Armando Niz, pero anunciaron que sólo presentarán un escrito la semana próxima. Antonio “Jaime” Stiuso, ex jefe de operaciones de la ex SIDE, muy cercano al fiscal fallecido, podría volver a declarar como testigo la semana que viene.

En sus presentaciones en la causa, Arroyo Salgado siempre planteó con insistencia como la verdad revelada que a Nisman lo mataron, que lo hizo alguna sofisticada organización, que sucedió a poco de presentar una denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento en AMIA, y justo antes de ir a hablar de eso al Congreso. Lo vincula también con sus cuestionamientos al Memorándum de Entendimiento con Irán. Es decir, asocia la muerte con su actividad y todo apunta a salpicar al kirchnerismo. También dijo que se liberó la zona y que se “limpiaron” pruebas. La querella de la madre del fiscal, Sara Garfunkel –que se tuvo que separar de Arroyo Salgado por diferencias y discusiones patrimoniales– compartió los argumentos. Pero la jueza les devolvió un rechazo contundente: “sin completar el cuadro probatorio de modo alguno puede definirse qué fue lo que pasó”. Ella sostiene que no ignora el contexto que vivía Nisman, pero que eso de por sí no prueba nada. Palmaghini plantea que no tiene elementos para hablar de un asesinato. Después de un año de investigación, que estuvo a cargo de Fein pero que ella supervisó, dice con mordacidad: “Me he preguntado una y otra vez cómo puede haber llegado hasta aquí la gestión o búsqueda de la doctora Fein sin que estos estrados, ni los magistrados revisores de jerarquía superior que han intervenido en las diversas cuestiones que han sido puestas a su consideración hasta el momento hayamos tropezado siquiera con la tan clara, precisa, reveladora verdad postulada por los requirentes”.

El fuero Penal Federal, donde tramitan causas vinculadas con funcionarios, drogas y derechos humanos, está atravesado por el movimiento de intereses del ámbito político y –desde hace varios años también– de servicios de inteligencia. Allí Nisman había denunciado amenazas de distinto tenor, algunas recibidas por e-mail entre 2012 y 2013, que decían que lo iban a matar a él y a su familia. Lo que Arroyo Salgado pretendía era quitarles la causa a Palmaghini y Fein y que pase a los tribunales de Comodoro Py, donde varias de las intimidaciones las investiga el juez Luis Rodríguez. Palmaghini respondió con ironía que certificó y analizó los expedientes del fuero federal y que vio que están paralizados. “La escasa prueba incorporada inhabilitó que se establezca nexo causal alguno entre las amenazas y la muerte del doctor Nisman y los últimos actos como fiscal”, escribió con formalidad, a lo que agregó que ningún juzgado federal tuvo una actitud especialmente “proactiva” después de que Nisman apareció muerto. “Ni siquiera –agrega– han podido cumplir con las exigencias relativas a garantizar la integridad física y moral.” Por todo esto dice que es llamativo que las querellas cuestionen “los avances de esta pesquisa mientras estuvo a cargo de Viviana Fein” pero reclaman que pase a quienes debían “dilucidar el origen de las advertencias de muerte recibidas por Nisman y ningún avance al respecto efectuaron”.

En diciembre último Palmaghini reasumió la investigación que hasta entonces había estado a cargo de Fein, a quien criticó. En su resolución la trata con benevolencia y respalda algo que planteó la defensa de Diego Lagomarsino (el hombre que le prestó el arma a Nisman): que el planteo de incompetencia es un nuevo intento por entorpecer el avance de la causa.

Aunque las juntas médica y criminalística que ordenó en su momento Fein se volcaron a la teoría del suicidio por amplia mayoría, a la jueza no le alcanza y le parece imprescindible una junta interdisciplinaria, que todavía no tiene fecha, y a la que serán convocados nuevos peritos, entre ellos de la Gendarmería.

Los policías que debían declarar ayer están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible abandono de persona, por no haber tirado abajo la puerta del baño donde Nisman apareció muerto, cuando no respondía a los llamados el 18 de enero del año pasado. A los custodios no se los vincula con la muerte.

Palmaghini tiene muchas medidas pendientes, y entre ellas espera que se presente a declarar nuevamente Stiuso, hombre clave de la inteligencia por más de una década y que estuvo vinculado a Nisman por la causa AMIA. Cuando declaró admitió que tenía llamadas insistentes de Nisman el fin de semana de su muerte, pero que no le respondió porque tenía el celular en silencio. Tampoco se las devolvió después. Cuando le preguntaron, dijo que no sabía que el fiscal denunciaría a la ex presidenta. Tras declarar se fue del país.