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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral reasumirá formalmente hoy la investigación por las coimas en el Senado con urgencias. La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, le presentará un escrito pidiendo la declaración indagatoria del ex presidente Fernando de la Rúa, de su amigo y ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes y del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, además de la ampliación de la indagatoria de los senadores que ya declararon en su momento y la citación de los nuevos mencionados por el arrepentido Mario Pontaquarto. Canicoba tendrá hoy en su poder el famoso papel con el listado de nombres y montos que el senador Emilio Cantarero le dio a Pontaquarto como improvisado recibo, así se iba tranquilo luego de haberle dejado en su departamento 4.300.000 pesos.
Ya de vuelta de su viaje a Entre Ríos, Canicoba Corral analizó ayer la declaración de Pontaquarto ante el juez Norberto Oyarbide, quien lo reemplazó durante estos días. El arrepentido se comprometió a entregar hoy el papel mediante el cual se sabría quiénes y cuánto cobraron por aprobar la reforma laboral en abril del 2000. A todo esto, el Gobierno ratificó que si se confirman las acusaciones, la ley debe anularse. “Va al tacho de basura”, definió el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
En la descripción del abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre, en el listado está escrito en computadora los nombres y apodos que identifican a los senadores –Cholo por Augusto Alasino, Beto por Alberto Tell, Remo por Constanzo, Julio por San Millán y así– con los montos correspondientes escritos a mano, algunos tachados y corregidos. El papelito, escondido en algún lugar seguro, podría arrojar novedades porque Pontaquarto dijo no recordar todos los nombres.
El Gobierno tiene representación en la causa gracias a la intervención de la OA. Los abogados Daniel Morin y Juan Carlos Duré participaron el viernes de la declaración judicial de Pontaquarto e hicieron preguntas. Luego de lo que allí escucharon, se pusieron a trabajar en un escrito que le presentarán mañana temprano a Canicoba Corral.
Básicamente solicitarán la declaración indagatoria de todos los mencionados por el arrepentido como partícipes de la maniobra. Hasta el momento, de los integrantes del gobierno de la Alianza, De la Rúa y Flamarique ya salieron a negar su responsabilidad y se mostraron dispuestos a declarar. De De Santibañes, en cambio, no se tienen noticias. También pedirán la ampliación de la declaración los senadores que ya fueron citados en su momento y la presentación de los nuevos que aparecen en el testimonio del arrepentido, como la cordobesa Beatriz Raijer y el sanjuanino José Luis Gioja. Al mendocino Carlos de la Rosa, Pontaquarto lo mencionó en la entrevista a la revista TXT, pero no en la Justicia.
La presunción es que Canicoba Corral se tomará unos días antes de que comience el desfile por su despacho. Lo más probable es que primero haga sentar unas cuantas veces a Pontaquarto y dedique muchas horas a recopilar el máximo de pruebas que certifiquen los dichos del arrepentido. En ese sentido, es muy probable que convoque a Martín Fraga Mancini, ex empleado del bloque de senadores del PJ que actualmente trabaja en prensa del Senado, a quien Pontaquarto imaginó como un probable arrepentido dos.
Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado esperan que el juez haga lugar a unos cuantos pedidos que se fueron acumulando y ahora se comprueban muy pertinentes, como ser el entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre los implicados o el estudio de su patrimonio. “Ahora, al juez no le va a quedar otra que darnos bolilla”, decían el fin de semana cerca de los fiscales. Ellos recordaban que Canicoba había llevado la investigación a un punto muerto y quería cerrarla.
Uno de las discusiones no resueltas es qué delito podría caberles a los acusados. Los fiscales imaginan como la imputación más leve la de cohecho –2 a 6 años de prisión– que podría ser agravado para el caso de los funcionarios del Ejecutivo –hasta 10 años de prisión–. También esposible imputarles la asociación ilícita y, en el caso de los senadores, el delito de extorsión, ya que si no les pagaban, no votaban.