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Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

–Le advierto que la causa no se cerró. Estamos investigando cómo se financió el atentado –explica el hombre de la Corte no bien abre la puerta.
–¿Después de diez años? –preguntó Página/12.
–Sí. Trabajamos en combinación con los norteamericanos y estamos haciendo algunos peritajes.
–Nos puede dar una idea más concreta.
–No, es confidencial.
–¿Investigan algo más?
–Sí, tal vez algo que tenga que ver con la conexión local.
–Pero ustedes dijeron que en verdad no hubo una conexión local, que el atentado lo cometieron todos hombres llegados de afuera –insistió este diario.
–Bueno –explicó el hombre de la Corte–, alguien que marcó la embajada e incluso colaboró sin saber lo que se iba a atacar. Es gente de la zona de la Triple Frontera.
–Nos puede dar una idea más concreta de esa pista.
–No, es confidencial –concluyó el hombre que seguramente mejor conoce el expediente.
La conversación ilustra que a diez años del atentado a la embajada de Israel, la Corte Suprema sigue dando vueltas sin sentido dentro de una investigación fracasada. Lo máximo que el tribunal hizo en tanto tiempo fue atribuir el ataque, sin pruebas contundentes, a la organización fundamentalista Jihad Islámica –brazo armado del partido libanés Hezbollah– y pedir la captura internacional de uno de los terroristas más buscados del planeta, al que ni Estados Unidos logró atrapar. Nunca hubo una prueba de que ese terrorista o alguno de sus hombres más cercanos haya entrado a la Argentina. Para colmo, el máximo tribunal prácticamente se quiere sacar el caso de encima diciendo que en verdad no hubo conexión local, por lo que los terroristas seguramente están todos, todos, muy lejos.
Manos argentinas
La lógica, en cambio, parece contradecir el lavado de manos de la Corte. La camioneta Ford F-100 con la que se cometió el atentado fue comprada el 27 de febrero de 1992, o sea 20 días antes del atentado. Es obvio que durante ese período estuvo en algún lado, que en ese escondite se armó la camioneta como coche-bomba colocándole los explosivos y parece más que evidente que todo el trabajo no pudo ser hecho por extranjeros: alguien alquiló el lugar, seguramente hubo un garante, alguien fue a comprar el pan y la comida y todo indica que quienes lo hicieron hablaban aunque sea castellano básico. De esa conexión local, del lugar donde se armó la camioneta, no se sabe nada de nada.
Parece caerse de maduro que si no existe ninguna evidencia sobre algo tan nítido, menos todavía puede saberse la forma en la que se le hizo llegar dinero a terroristas de los que no hay el menor indicio: no están los nombres, ni donde estuvieron en la Argentina, ni cómo entraron o salieron.
El culpable fantasma
Las pocas conclusiones que la Corte sacó sobre el atentado a la embajada son posteriores a 1997 –cinco años después del ataque– cuando la causa quedó en manos de la secretaría especial que conduce Esteban Canevari. En una resolución de mayo de 1999, corolario de años de presión de Israel y Estados Unidos, cinco ministros responsabilizaron a la Jihad Islámica por el atentado del 17 de marzo de 1992, que dejó 22 muertos. En ese falloseñalaron por primera vez que la explosión se hizo con un coche-bomba que dejó un cráter en la calle, lo que dio oficialmente por tierra con la polémica teoría que decía que hubo una implosión, o sea que la bomba estaba adentro de la embajada. Lo increíble es que hace pocos días, quien fuera el principal responsable de la pesquisa, Horacio Bisordi, dijo ante una comisión del Congreso Nacional que aquel diagnóstico “lo pidieron los judíos; perdón, los israelíes”. Ningún miembro de la Corte salió a desmentirlo.
Aquel fallo fue firmado por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Carlos Fayt y Gustavo Bossert. Enrique Petracchi y Augusto Belluscio hicieron un voto propio, señalando que no se habían reunido suficientes pruebas. Adolfo Vázquez estaba excusado de la causa, Antonio Boggiano se encontraba –como es usual– de viaje. Un tiempo después la mayoría de los cortesanos le imputó el atentado al libanés Imad Mughniyah, un sujeto al que los norteamericanos le adjudicaron el secuestro del avión de la TWA, ocurrido en 1985, que se dirigía desde Atenas hacia Roma con 39 ciudadanos norteamericanos a bordo. Nunca hubo ninguna evidencia del paso de Mughniyah o alguno de sus adláteres por el país. Es curioso: el hasta ahora estruendoso fracaso de la pesquisa por el atentado contra las Torres Gemelas llevó al mismo resultado. La CIA sugiere que Mughniyah estuvo detrás del 11 de septiembre, claro que antes supuestamente trabajaba para el Hezbollah y ahora estaría a sueldo de Al Qaeda.
Ni los muertos
En el máximo tribunal siguen convencidos de que en el atentado a la embajada actuó directamente el Hezbollah, que por esa época no delegaba sus acciones sino que enviaba un grupo que luego desaparecía. Nunca se hicieron, sin embargo, los peritajes básicos para saber si actuó un conductor suicida. Los investigadores alegan que sólo encontraron unos pocos rastros de tejido orgánico sobre la chapa de la camioneta F-100 que se usó para la explosión, pero que sobre ellos era imposible efectuar un estudio de ADN.
Tal vez uno de los ejemplos que mejor pintan el fracaso de la pesquisa es la determinación del número de muertos. De 1992 a 1998 la cifra oficial fue 29, pero una vez que Canevari hizo un estudio serio sobre esa cuestión elemental, se llegó a la conclusión de que fueron 22. Justamente como el trabajo al principio fue catastrófico no se esclareció algo decisivo: si hubo un muerto número 23, o sea el suicida. Eso hubiera permitido aclarar aunque sea un origen nítido del atentado, ya que la existencia de un suicida indica que la firma del atentado es indefectiblemente de un grupo islámico. Quien fuera embajador de Israel en la Argentina, Itzhak Shefi, ha dicho ahora que “sospecho que las autoridades prefieren que nunca sean identificados los autores del atentado, por temor a posibles problemas internos, como la existencia de células antisemitas en los elementos uniformados del país” (ver aparte).
Más bien intelectual
–¿Cómo es la investigación sobre el financiamiento del atentado? –le insistió Página/12 a un funcionario de la Corte.
–Le reitero, es confidencial. No nos interesa el monto sino la modalidad del financiamiento, es decir, cómo se pagan los atentados. Eso nos permiten llegar a grupos y personas concretas ligados al Hezbollah que pasaron por el país. Está documentado que tres o cuatro meses después del atentado hubo por lo menos dos miembros operativos de esa organización en Argentina. Probamos movimientos en la Triple Frontera en la época del atentado, donde estaban asentados simpatizantes de la agrupación. En verdad, Hezbollah, un partido legal en El Líbano, actuaba abiertamente en Ciudad del Este y Foz de Iguazú hasta hace unos pocos meses. Incluso había un presidente y vocero público de la organización. En la misma línea de la conexión con el sur de Brasil, el único dato cierto que hoy existe sobre el atentado es que la camioneta fue comprada por un hombre con acento brasileño, Ribeiro Da Luz, quien exhibió un documento falso del vecino país. Pero de allí no se avanzó ni un paso: ni la SIDE ni la policía ni menos la Corte pudieron esclarecer quién era Ribeiro Da Luz y ni siquiera existe un registro de que haya entrado al país con ese nombre.
Con semejantes agujeros negros en la pesquisa, el vocero consultado reconoce que, como mucho, todo esto derivará en un nuevo pedido de captura contra personajes de nombre y apellido islámico, imposibles de rastrear. “Ahora el trabajo de la secretaría de la Corte que interviene en el caso es más bien intelectual. Se sigue tomando declaración a testigos pero es sólo para no dejar intersticios”, explican en el máximo tribunal Corte.