La Universidad de la Defensa Nacional (Undef), creada por una ley del Congreso a fines de 2014, se encuentra en estado de “paralización institucional”. “Están de facto interviniendo una universidad pública”, advierte un grupo de senadores y diputados en un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en el que denuncian “una intervención velada a una institución educativa superior”. El motivo: la decisión del ministro de Defensa y presidente del consejo de dirección de la Undef, el radical Julio César Martínez, de no remitir las partidas asignadas por la Ley de Presupuesto, dar de baja convenios que garantizan la prestación de los servicios educativos y reclamar el reintegro del inmueble donde funciona el rectorado. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió en un dictamen “la gravedad” que implica la “voluntad” explicitada por el ministro, la ausencia del “necesario y previo acto administrativo” que sustente sus decisiones y la falta de “sustento legal” del pedido del edificio de Maipú 262. El objetivo detrás de la maniobra, advierten desde la Undef, es restablecer privilegios corporativos y eliminar los mecanismos de conducción civil en la formación de militares. Para mañana a las 10 el rector Jorge Fernández convocó a legisladores y rectores de otras universidades a fin de informar la situación de la universidad.

El proceso de reforma de la educación militar y civil para la Defensa comenzó en 2003 con dos decretos del presidente Néstor Kirchner que establecieron que el Ministerio de Defensa es responsable primario de la formación y capacitación de las fuerzas armadas. Esa tarea debe desarrollarse “en instituciones de educación superior en donde se formen militares y no en institutos militares de educación superior”, recomendó entonces la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (Coneau) al evaluar a los ex institutos militares. En 2005 se creó la Comisión especial para la Evaluación del Sistema de Educación y Capacitación de las Fuerzas Armadas. Tras un largo proceso que incluyó jornadas organizadas por Defensa y por las tres fuerzas, en noviembre de 2014 el Congreso aprobó la ley 27.105 –previo dictamen unánime del CIN– que creó la Undef y le asignó “la formación de militares y civiles, en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar para la Defensa Nacional a través de carreras de pregrado, grado y posgrado”. Estableció que la universidad “se constituirá sobre la base de los Institutos Universitarios que actualmente funcionan en la órbita del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas”, más la oferta académica brindada por la Escuela de Defensa Nacional. El artículo 4 ordenó que el Ejecutivo, por medio del ministerio que ahora conduce Martínez, “instrumentará las transferencias a la Undef, a través de convenios y otras herramientas legales, de los servicios educativos de tales instituciones y los créditos presupuestarios correspondientes”; el 8 estableció la autonomía académica e institucional.

En febrero de 2015 se nombró al rector organizador que se avocó a normalizar la Undef mediante la elaboración de su estatuto y su proyecto institucional. El primero, aprobado por Educación, entró en vigencia en mayo y establece que el ministro de Defensa preside el consejo de dirección. El Plan Institucional logró dictamen favorable de la Coneau en agosto; luego se publicó en el Boletín Oficial y comenzó la etapa de “puesta en marcha”. En octubre el Consejo de Dirección designó a Jorge Fernández como rector definitivo y creó las facultades de la Defensa, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y de Ciencia de la Administración y de Ingeniería. Se establecieron convenios con Defensa y Educación, entre otros para transferir los servicios que brindaba la Escuela de Defensa Nacional, en tanto quedaron pendientes para 2016 designaciones como la del vicerrector, el decano de la Facultad de Defensa y todos los vicedecanos.

El año comenzó con logros como el reconocimiento por parte del Conicet y con la indiferencia del ministro, que “nunca dio respuesta” al plan de trabajo elevado por el rector según el pedido de informes aprobado hace diez días por el Senado y que hoy se presentará en Diputados. En enero el jefe de gabinete Marcos Peña incluyó entre los objetivos de la política presupuestaria la puesta en marcha de la Undef. El quiebre se produjo el 24 de febrero: invocando el decreto 336, Martínez le manifestó al rector su “voluntad” de “no solicitar la continuidad” de una serie de convenios, entre otros el de transferencia de servicios prestados por la Escuela de Defensa Nacional, el uso del inmueble de Maipú 262 y la asignación de las partidas presupuestarias. “Los convenios caducarán el 1 de abril, por lo que le solicitamos que para esa fecha se desocupen las instalaciones”, concluyó su escrito.

El CIN, notificado por la Undef, consideró que “el requerimiento” del ministro “carece de sustento legal en el decreto 336/16” y que la voluntad del funcionario debe estar formalizada en un acto administrativo previo. “Defensa deberá adoptar los recaudos a los fines de cesar en su proceder, ajustándolo a derecho”, concluye el dictamen de Luis Labato, secretario ejecutivo del CIN, quien admite la “gravedad” del tema aunque no comparte el concepto de “intervención”.

El pedido de informes al Ejecutivo advierte que el decreto 336 persigue “un ejercicio responsable en materia de contratación de personal en la administración pública” pero es “inaplicable a los convenios y actas” que pretende Defensa. Destaca que el obrar de Martínez “afecta directamente el proceso de formación tanto de civiles como de militares para la defensa” y solicita al Ejecutivo que informe “sobre la paralización institucional” de la Undef.