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En el tercer piso de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se localizaba, durante la última dictadura militar, el “Pañol Grande”. Era el sitio destinado a acumular los objetos robados de las casas de los secuestrados: muebles, electrodomésticos, equipos de música y cualquier cosa que pudiera haber llamado la atención de un represor mientras revisaba el domicilio de su víctima. En el “Pañol Chico” se juntaba la ropa.
La rapiña de los marinos abarcaba desde saquitos de té hasta departamentos y campos. Hace dos años, al analizar un expediente relacionado con el desapoderamiento de las tierras de Chacras de Coria, la Cámara Federal señaló que debía iniciarse una investigación global sobre el funcionamiento de la estructura destinada a enriquecer al almirante Emilio Eduardo Massera y sus secuaces de la ESMA a costa de los desaparecidos. El juez federal Sergio Torres abrió esa pesquisa, que debería echar luz sobre un aspecto de la represión ilegal que aún permanece en las sombras.
La trama financiera de la ESMA fue abordada por investigaciones periodísticas pero su médula no fue hasta ahora desentrañada por la Justicia. Torres firmó el viernes la resolución que marca el comienzo de esta tarea, que llevará a cabo paralelamente a la instrucción de la causa sobre las torturas y desapariciones cometidas por los miembros del grupo de tareas de la ESMA, en la que hay diez represores en prisión. La pesquisa se limitará a los bienes registrables y apuntará a perseguir judicialmente a los responsables –entre los que se cuentan los socios civiles de los militares– y a intentar recuperar las pertenencias de los desaparecidos o indemnizar a los perjudicados.
El caso del robo de la apropiación de las tierras de Chacras de Coria, pertenecientes al empresario mendocino Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez, secuestrados y desaparecidos en la ESMA junto a Omar Masera Pincolini, yerno de Cerutti, es por sus características un hecho paradigmático que ilustra la metodología de los marinos para sacar un provecho extra de lo que ellos llamaron la “guerra contra la subversión”.
Gómez fue secuestrado de su oficina el 10 de enero de 1977. Los captores, vestidos de civil, sumaron a las camionetas con las que habían llegado al lugar, el Ford Fairlane bordó de Gómez. La caja fuerte quedó vacía. Según relató ante la Justicia Federico Gómez, hijo de la víctima, además de la plata, que era mucha, los represores se llevaron escrituras y documentos relativos a sociedades y propiedades del abogado. También tomaron el aparato del teléfono, máquinas de escribir y sumar, ropa, artículos de tocador y “hasta el café, el té y la yerba mate”.
En la ESMA, Gómez y sus socios fueron obligados a firmar documentos que terminaron con los terrenos de Chacras de Coria, valuados en 20 millones de dólares, en manos de la familia del Almirante Cero. Como primer paso, los marinos habían forzado a los secuestrados a traspasar sus propiedades a una firma en la que participaban con nombres falsos los represores Francis William Whamond y Jorge Radice.
La maniobra sobre Chacras de Coria no fue la única de estas características. Varios ex detenidos aportaron indicios a la Justicia sobre otras operaciones de los marinos, que se canalizaban a través de una inmobiliaria montada en el barrio de Belgrano destinada a vender propiedades con ayuda de documentación falsa elaborada en los sótanos de la ESMA.
Nilda Actis relató que al poco tiempo de su secuestro fue trasladada a su casa para que retirara la escritura de dos departamentos en La Plata y luego fue llevada a una oficina donde debió firmar dos poderes en los que autorizó la venta de los inmuebles. También narró que estando bajo el régimen de “libertad vigilada” trabajó en un sitio ubicado en el partido de Vicente López, donde se realizaban actividades vinculadas con la refacción de viviendas que habían sido dañadas cuando se secuestraban a sus habitantes.
En diciembre del 2001, al analizar el expediente sobre la desaparición de Gómez, la Sala II de la Cámara Federal sostuvo que entre los propósitos de “la organización ilícita que se desempeñaba al amparo de su apariencia externa de fuerza armada” estaba el de “secuestrar personas de quienes pudieran obtener ventajas económicas” y que “para este fin contaba con una compleja estructura que podía ser utilizada con el alegado motivo de reprimir objetivos terroristas y, a la vez, amedrentar y obligar a empresarios a despojarse de sus patrimonios a favor de oficiales de la Armada”.
Remanentes del hurto marino fueron descubiertos por la Cámara Federal de Bahía Blanca al allanar, como parte de juicio por la Verdad, un galpón que estaba a nombre de la esposa de Jorge “El Tigre” Acosta. Panfletos de propaganda política, libros, documentos bancarios, una cocina, televisores blanco y negro, una heladera, un piano, una casita rodante, vajilla y dos autos antiguos en buen estado fueron hallados junto con una foto del dictador Jorge Rafael Videla dedicada al “capitán Acosta: apóstol incondicional de mis ideas”. Según pudo establecer el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, el lugar fue entregado a Astilleros Río Bravo, una sociedad anónima integrada por Radice y una hija de Acosta.