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¿Habrá podido el juez Ares mirar a los ojos a la nena de Bahía Blanca cuando le suplicó, de rodillas, ayuda para terminar con su pesadilla y él, que tenía en sus manos esa posibilidad, se la negó? Fue la segunda vez, en pocas semanas, que un adulto la defraudó: la primera, corrió por cuenta de su padrastro que abusó sexualmente de ella. Su pequeña pancita en crecimiento es prueba flagrante de semejante aberración. Sus ganas de morir, una consecuencia de la insensibilidad del magistrado. El drama de Miriam –un nombre ficticio para personificarla– lamentablemente no es aislado, es el de otras nenas: de acuerdo con una investigación del Centro de Estudios en Población (Cenep), el 80 por ciento de las niñas-madres del país ha tenido hijos con varones que las supera en, al menos, 10 años y el resto con varones que son al menos, 20 años mayores que ellas, situación que permite hipotetizar la presencia de situaciones de abuso, violación e incesto.
El estudio del Cenep estuvo a cargo de la investigadora Alejandra Pantelides, que entrecruzó estadísticas del Ministerio de Salud, con datos del Censo ‘91. Por estos días, un equipo del Cenep se encuentra actualizando la información.
Tal vez, si el caso de Bahía Blanca hubiera trascendido en los medios antes, su desenlace podría haber sido otro: las presiones internacionales lograron en febrero disuadir al gobierno de Nicaragua para que permita un aborto terapéutico a una nena de 9 años de ese país, violada por un hombre de 23 en Costa Rica.
En la historia de Miriam confluyen el drama del abuso sexual con la problemática del embarazo adolescente y el aborto. Historias como la de ella se repiten en distintos puntos del país. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud mostraron que en el año 2000 se convirtieron en mamás 2996 nenas de entre 10 y 14 años y 555 ingresaron a hospitales con complicaciones por abortos realizados con métodos precarios. Tanto el número de embarazos de púberes como el de abortos se incrementó considerablemente en la última década: en 1990, fueron 2601 las nenas que tuvieron un parto y 323 las hospitalizadas por complicaciones de abortos. De esta forma, mientras en 1990 hubo una internación por aborto cada 8 partos de madres-niñas, en 2000, fue una cada 5 partos. Estas nenas pertenecen, generalmente, a familias pobres. En Jujuy, el año pasado, Ricardo Cuevas, jefe de ginecología del Hospital Pablo Soria, de San Salvador, atendió un aborto incompleto de una niña de 10 años.
En el año 2000 por primera vez en la Argentina se registraron muertes maternas en menores de 15 años. En el 2001 también ocurrieron 27 muertes maternas en adolescentes, de un total de 297: de las muertes en menores de 20 años, una fue una niña de entre 10 y 14 y se debió a un aborto.
A pesar de que desde hace una década distintos estudios de opinión muestran que alrededor del 80 por ciento de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación, los legisladores hacen oídos sordos y se resisten a modificar el Código Penal. En el Congreso hay varios proyectos, pero ninguno avanza. La Iglesia Católica, desde ya, se opone. Como también a que los adolescentes tengan acceso a información sobre anticoncepción y a los métodos sin el permiso de sus padres. Con una legislación que hiciera accesible y seguro el aborto en estos casos, la historia de Miriam hoy sería un poco menos triste. Su caso no sólo muestra el drama del abuso sexual intrafamiliar sino el desamparo de las niñas y adolescentes frente a un embarazo forzado y decididamente no deseado.