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El Gobierno hizo lo posible por no entrar en una pelea mediática con los sectores piqueteros duros a propósito de la explosión ocurrida el sábado en la Plaza de Mayo, que dejó un saldo de 23 heridos. “No hay ni una sola razón ni tampoco tiene criterio acusar al Gobierno por ese hecho”, sostuvo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en referencia a las acusaciones lanzadas por los dirigentes piqueteros Néstor Pitrola y Raúl Castells.
Antes que meterse en esa discusión, en la Rosada prefirieron destacar el clima pacífico en el que se habían desarrollado los actos masivos por el 19 y 20 de diciembre, en los que no se registró ningún incidente entre los manifestantes y la policía. En tanto, no difundieron novedades sobre la investigación de las características del explosivo.
Castells, líder del MIJD, acusó al Gobierno de ser, al menos, “autor intelectual” de la explosión ocurrida en la Plaza. El ministro Fernández le respondió que “él sabe positivamente que no es así”. “Yo traté muchas veces con Castells. Dice esto porque las circunstancias lo obligan a decirlo, pero él sabe que no es verdad”, insistió.
El gobierno de Néstor Kirchner había tomado muchas precauciones para que las manifestaciones opositoras del sábado se desarrollaran sin incidentes. Se había preparado un equipo especial interministerial que siguió de cerca las alternativas de las marchas, inclusive desde el propio lugar de los hechos, cuestión de minimizar los riesgos. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz; el jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, mantuvieron informado al Presidente de las novedades. Terminaron juntos a la noche, a la vuelta de Kirchner de su viaje a Santa Cruz.
Ayer, Fernández concluyó que la jornada de actos había sido “calma”, tal como habían supuesto en las evaluaciones previas realizadas durante la semana. “Las fuerzas de seguridad siguieron todo con cuidado, con distancia, prudencia, y no hubo que intervenir”, recalcó el ministro.
Pero el problema, claro, esta vez no fue la represión, una medida que el Gobierno repite que no va a adoptar. El problema fue el explosivo colocado al parecer en un tacho de basura, que empañó y acaparó las repercusiones del sábado. Días atrás, Kirchner había arremetido contra las organizaciones piqueteras relacionadas a los partidos de la izquierda tradicional –como el Partido Obrero, el Comunista y el MST–, a las que acusó de utilizar el reclamo social como plataforma política. Las organizaciones tuvieron el sábado una convocatoria masiva y el discurso fue muy duro con el Gobierno.
Ayer, la Rosada evitó entrar en un nuevo debate con los piqueteros. Su intención fue no agrandar el incidente, algo a lo que –creían– a partir de ahora se dedicarán con esmero los propios dirigentes piqueteros. Prueba de ello eran las declaraciones de ayer y el acto previsto para hoy. En vez de debatir, Fernández prefirió destacar la política social del gobierno de Kirchner, muy atacada durante los actos del sábado. “Qué me están hablando de que no atendemos la política social”, respondió. “En la actualidad hay cerca de 2,2 millones de planes sociales, más el Plan Remediar”, destacó.
La voz más dura quedó entonces en manos del piquetero dialoguista Luis D’Elía, ya convertido en el defensor de las políticas de la Rosada ante el resto de las organizaciones sociales, y su teoría del autoatentado.