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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ayer al juez federal Julián Ercolini que tome declaración indagatoria al empresario Cristóbal López y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en una causa que investiga una presunta “maniobra defraudatoria” escondida detrás de la deuda impositiva millonaria que el hombre conocido como “el zar del juego” acumuló con el estado entre 2011 y 2015.

El fiscal realizó el pedido en el marco de una causa caratulada “Kirchner Néstor y otros sobre asociación ilícita”, que comenzó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió y que desde entonces dirige Ercolini. Carrió amplió hace un mes su denuncia contra el empresario y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de que el diario La Nación publicara los detalles de una presunta maniobra impositiva a través de la cual la empresa Oil Combsutibles S.A. habría evitado durante los últimos años el pago de impuestos y acumulado una deuda con el Estado cercana a los 9 mil millones de pesos. Entre los funcionarios y empresas que aparecen en el dictamen de 48 páginas emitido por Pollicita, se menciona también al empresario Fabián de Sousa en su carácter de socio de Cristóbal López en algunos negocios.

Según el fiscal planteó en su dictamen, “desde mayo del año 2011 cuando Oil Combustibles S.A. comenzó con su operatoria y durante más de cuatro años, la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de un gran número de irregularidades habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos como lo preveía la normativa vigente y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (Grupo Indalo)”. Durante el desarrollo de su escrito, Pollicita recordó que de los 55 períodos fiscales que están siendo analizados Oil “pagó en tiempo y forma únicamente 7 de ellos” y tras acogerse a distintos planes de facilidades de pago “generó que la deuda alcanzara la suma de prácticamente 9 mil millones de pesos”.

Pollicita consideró que la presunta maniobra se ejecutó bajo el “amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios, los que en ningún momento se pondrán en tela de juicio en lo que hace a su legalidad”, aunque señaló irregularidades. “La maniobra fraudulenta fue edificada sobre tres grandes pilares: 1) la inmersión inicial en el negocio petrolero, 2) el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago y la utilización indebida de la recaudación del ICL (Impuesto al Combustible) impago para el financiamiento y expansión del grupo económico, y como correlato de ello, 3) el perjuicio millonario al erario público por la falta de percepción del tributo en cuestión”, escribió el fiscal.