El juez federal Sebastián Casanello acusó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura Naval respecto de la venta de drogas de diseño que causaron la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. Después que el juez allanara en persona la Dirección de Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la zona Norte, la funcionaria hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado, que el viernes desde la medianoche estaba de turno, de darles instrucciones a los prefectos de “no molestar a los chicos que iban a divertirse”. En un escrito, Casanello desmintió rotundamente a la ministra, y señaló que el deber de esa fuerza es informar ante cualquier posible infracción a la ley de estupefacientes, algo que no sucedió ni en esta fiesta ni en otras anteriores.

Entre la documentación secuestrada en las oficinas de Prefectura, el personal del juzgado detectó que había contratos de servicios adicionales de la fuerza para la empresa Dell Producciones, organizadora de las fiestas electrónicas, que se remontan al año 2010. El juzgado recibió ya decenas de testimonios de jóvenes que estuvieron en el lugar y que frecuentan estos eventos. Como declararan en función de la ley de estupefacientes, pueden hacerlo de manera reservada, es decir, queda preservada su identidad pero se le da valor testimonial al contenido de su relato. Esto ayuda a que hablen sin temor. La descripción común a la mayoría de los relatos hasta ahora es que dentro del complejo Costa Salguero había venta de drogas, que era evidente, y que hasta el personal de seguridad privada consumía. Los vendedores ofrecían keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman (esta última es de muy alta toxicidad). En el lugar faltaba ventilación, los baños estaban colapsados y había que hacer largas colas para acceder a una botella de agua. Facilitar el lugar para la comercialización también es un delito.

Después del procedimiento en Prefectura, el Ministerio de Seguridad presentó un escrito en el juzgado ayer a la mañana, firmado por Guillermo Soares Gache, subsecretario de articulación con los poderes judiciales y ministerios públicos. Relataba que el prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del área que investiga Narcotráfico, se reportaron en los juzgado federales 6 (de Rodolfo Canicoba Corral) y 7 (de Casanello) que estarían de turno, uno hasta las 12 de la noche y el otro a partir de ahí. Como se realizaría la fiesta Time Warp querían recibir instrucciones.

La presentación dice que el secretario Gustavo Russo les dijo que “la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes” pero recomendaba “no molestara los chicos que van a divertirse” y que incluso jóvenes que trabajan en el juzgado asistirían. Ante una infracción a la ley de drogas, debían informar a la autoridad judicial. Según ese texto, la Prefectura asumía “la responsabilidad por la organización del operativo de seguridad externo al predio”. “Nunca fue convocada por la comisión de hechos ilícito dentro.” El argumento es que a ellos nunca les avisaron lo que pasaba adentro de la fiesta.

Casanello decidió enseguida contestar con otro escrito. Más aún cuando vio que el de Bullrich había salido publicado, con el facsímil completo y todo, en una web de noticias. A lo largo de tres páginas, cita los testimonios de sus secretarios Russo y Martín Smietniansky, que negaron haber mantenido encuentro alguno con los prefectos Farrus y Verón. Si bien se presentaron dos hombres de Prefectura, sin decir quiénes eran, la instrucción que les dieron fue clara (luego se vio que no la cumplieron): intervenir o informar al juzgado ante violaciones a la ley de drogas, y avisar desde el lugar donde se cometen. La referencia a dejar a los chicos tranquilos dijeron que era “falsa”.

La actuación de los agentes, y la “filtración” periodística, según dejó sentado el juez, “puede significar el intento de entorpecimiento de la investigación”. Para el juzgado, el despliegue de Bullrich es una maniobra y “llamativamente acontece”, especifica, después del allanamiento a la fuerza, efectuado por el juzgado.

Prefectura Naval había mandado 20 efectivos de la policía adicional, que se sumaban a cuatro de Inteligencia que actúan en la zona del río de la Plata y dos patrulleros con tres efectivos a bordo de cada uno. Según los datos oficiales del gobierno porteño, en la fiesta había 10.900 personas.

Hay varios datos llamativos sobre cómo se movió la Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16 de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes. Y no fueron notificadas al fuero federal –que les había dado las instrucciones por las sospechas de comercialización de drogas– sino al de instrucción. Ni un juez ni un fiscal se pueden declarar incompetentes por teléfono, sino que todo lleva un acto burocrático hasta que se concreta. Así ocurrió acá: finalmente Sandro Abraldes pasó la causa a Comodoro Py.

Otro de los datos que compromete a la Prefectura, y a otros también, es que cuando la gente llegaba a Costa Salguero pasaba por un cacheo. En esa inspección, que hacía personal de la empresa de seguridad privada del predio, Siseg, todas las sustancias prohibidas que encontraba las iba poniendo en una bolsa. Ahí fueron juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana. Uno de los prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos de uno de los hombres de seguridad a quien dijo que sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa a una compañera, la cabo segunda Ivana Gómez, quien recién cuando se enteró de la muerte de dos personas, cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su jefe, Adrián Alvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el ínterin, nadie de Prefectura denunció nada.

El fiscal Federico Delgado plantea que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que “hicieron la vista gorda”. Ya pidió que sean indagados Pandiani, Gómez y Alvarez y que se identifique a El Chino. A última hora de ayer, y después de su cruce de cartas virulentas con Casanello, la ministra Bullrich dejó trascender que los prefectos más comprometidos fueron preventivamente separados de sus tareas.

Delgado reclamó además que declaren como sospechosos Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, el responsable de la organización y apoderado de Dell, Maximiliano Avila, el responsable de la seguridad privada Ezequiel Venturino (Siseg), Carlos Garat, quien estaba a cargo del plan de evacuación y representantes de la Dirección de Fiscalización y control. Casanello le negó el pedido de eximición de prisión a Adrián Conci, el organizador de la Time Warp, quien ahora se encuentra en condición de prófugo.

Desde el sábado hasta ayer hubo múltiples allanamientos. Entre ellos de Telemetrix, que explota Costa Salguero, tres domicilios vinculados a la provisión de Speed y otras sustancias, la de seguridad Siseg, y la de asistencia sanitaria, Semec, además –entre otras– de la dirección de habilitaciones del gobierno porteño. Todo apunta a que el predio sería un gran centro de venta de drogas sintéticas que no se consiguen en otros lugares, con la venia, en este caso, de la Prefectura Naval.