El oficialismo y un sector mayoritario de la oposición firmaron ayer dictamen de comisión del proyecto de ley de acceso a la información pública. La iniciativa, que había sido enviada por el Poder Ejecutivo, recibió alrededor de 20 cambios durante el debate legislativo y logró el acompañamiento de Cambiemos pero también del massismo, el Bloque Justicialista y del FpV, que plantearon disidencias parciales. El único que no acompañó el dictamen y firmó un proyecto propio fue Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda. La medida sería tratada en Diputados el próximo 4 mayo para pasar luego al Senado. Fuentes tanto del oficialismo como de la oposición confiaban ayer en que lograrán un amplio consenso.

El proyecto comenzó a analizarse la semana pasada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, con la presencia del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El martes fue el turno de académicos y ONG que destacaron el impulso del debate pero marcaron críticas puntuales. El texto plantea que cualquier persona puede realizar un pedido de acceso a la información, que deberá ser respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles. No se establecen requisitos formales más allá de la identidad del solicitante, un dato de contacto y la identificación clara de la información que se solicita. Están obligados a dar una respuesta: la administración pública nacional con sus organismos descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, así como el Consejo de la Magistratura y las sociedades del Estado. También se incluye a los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos; los partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada que haya recibido aportes del Estado Nacional, en lo que se refiere a esos fondos.

El proyecto establece también una serie de excepciones para brindar la información: aquella que sea clasificada como reservada, confidencial o secreta, la que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero o bancario; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos; información protegida por el secreto profesional, así como aquellos datos personales de carácter sensible que pueden poner en riesgo la vida o la seguridad de una persona.

Los pedidos son solicitados directamente al sujeto que tenga la información correspondiente, quien la remitirá al responsables de la Agencia de Acceso a la Información, pública, un ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta agencia tendrá como objetivo velar por el cumplimiento de los principios establecidos en la ley y “garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa”. Su titular será designado por el Poder Ejecutivo por un mandato de cinco años con una sola reelección. Su remoción también estará a cargo del Ejecutivo, en casos de “mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes”. Previamente y como ocurre con el presidente del Banco Central, una comisión bicameral deberá emitir un dictamen “no vinculante”. Elisa Carrió, de la alianza gobernante, pidió ayer que esa comisión bicameral esté integrada también por jefes de las “dos o tres” bancadas mas importantes del Congreso para que el oficialismo no quede siempre en ventaja frente al resto. Según el dictamen, esa comisión bicameral está constituida por el presidente del Senado, los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Cámara alta y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

Entre otras cuestiones, desde el CELS reclamaron que la Agencia esté presidida por un órgano colegiado para que exista una “representación más plural”, pedido que también sostuvieron otras organizaciones.

Durante el debate, la diputada Diana Conti planteó dos puntos centrales. Por un lado, que se amplíe los sujetos que serán alcanzados por la obligación de brindar información pública. El dictamen establece que en el caso de las empresas, sólo aquellas que tengan participación estatal “mayoritaria” estarán alcanzadas por la ley. Esto dejaría afuera a muchas empresas en las que el Estado tiene presencia, a través de la recuperación de las acciones que tenían en ellas las AFJP, pero que no constituye su accionista mayoritario. Por otro lado, que también se incluya como sujetos obligados a las empresas que cuenten con información de interés público.

“El eje central del proyecto es que la mayor cantidad de información que posee el Estado sea pública y que las excepciones sean lo más restringidas posibles”, aseguró ayer el diputado macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. “Los argentinos nos merecemos esta ley, así podremos saldar una enorme deuda con la democracia”, aseguró la diputada radical Karina Banfi.

Habrá un período de un año desde su publicación en el boletín oficial para que la norma entre en vigencia.