La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento del ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura, Alejandro Reynal, imputado por secuestro extorsivo, torturas, robo y asociación ilícita, entre otros delitos que sufrió en 1980 el banquero Eduardo Saiegh. La Sala II del máximo tribunal penal estableció que los hechos configuran delitos de lesa humanidad (por ende imprescriptibles) apartó a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña que habían confirmado el sobreseimiento de Reynal invocando la prescripción de la causa y ordenó que jueces distintos dicten un nuevo fallo.

Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal. La patota lo cargó en Falcon de civil junto a otros directivos del Banco Latinoamericano de Inversión que había fundado en 1976 y del que era vicepresidente. Durante su cautiverio en varias dependencias de la Federal le aplicaron distintos métodos de tortura. El objetivo, según denunció a partir de 1982, era despojarlo del banco, que tenía en caución acciones por millones de dólares de la aerolínea Austral, pretendidas por Reynal y otros jerarcas de la dictadura como el ministro José Alfredo Martínez de Hoz (ya fallecido) para concretar un negociado con la estatización de esa empresa de aviación.

“En el tesoro de mi banco estaban las acciones de Austral caucionadas en garantía. Para estatizar necesitaban esos comprobantes y optaron por robármelo”, contó Saiegh a Infojus, cuando era un portal de noticias. Uno de los dueños de Austral era entonces William Reynal, primo del imputado ex vicepresidente del Central. Por entonces Saiegh estaba en tratativas para vender su banco al Crédit Lyonnaise de Francia por 30 millones de dólares, recordó. El 5 de noviembre de 1980, con Saiegh secuestrado, Reynal se reunió con otros dos directivos del banco, Bernardo Grinspun y el general Jorge Alberto Shaw, a quienes les “recomendó” sacar del directorio a Saiegh como condición para recibir los beneficios de la circular 1051 del Banco Central. En enero de 1981, Shaw y Grinspun firmaron la autoliquidación voluntaria del banco. Un mes después, Reynal dejó el cargo en el Central y abrió el Merchant Bankers Asociados (MBA), actor clave en el proceso de privatización de los bancos locales en consonancia con la ley de Entidades Financieras y los preceptos del neoliberalismo introducidos por la dictadura.

En 1982 Saiegh denunció a los Reynal, a Martínez de Hoz, a su secretario de programación Guillermo Walter Klein y hasta el dictador Jorge Rafael Videla. Alejandro Reynal fue investigado por extorsión (no por secuestro y torturas) y en el año 2000, cuando aún regían las leyes de impunidad, obtuvo un sobreseimiento por prescripción. Tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Saiegh y su abogado Alejandro Rúa pidieron la reapertura de la causa.

El mes pasado, en una audiencia pública ante Casación, Rúa más el fiscal general Javier de Luca y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamaron la anulación del sobreseimiento por prescripción (por tratarse de delitos imprescriptibles) y el llamado a indagatoria de Reynal, que vive en el exterior. Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, con la disidencia de Pedro David, decidieron ahora apartar a la Sala I de la Cámara Federal y ordenar que otros jueces dicten un nuevo fallo. Tras recordar que el sobreseimiento tuvo lugar hace casi 16 años, recomendaron imprimir “celeridad” al trámite. En disidencia, David consideró que aquella sentencia no fue arbitraria porque no ponía límites a la continuación de la investigación.