El proyecto del Gobierno para reformar el Ministerio Público Fiscal y transferir potestades constitucionales de la Procuración –hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó– a figuras subordinadas al Ejecutivo, anunciado a principios del mes pasado y en aparente stand by por el rechazo que generó, mantiene en alerta a los trabajadores y a sus representantes gremiales. “El proyecto pone en peligro unos 500 puestos laborales al hacer desaparecer todas las direcciones y unidades especializadas, pero además afecta la independencia judicial, burocratiza un organismo que es dinámico y vacía al Ministerio Público, afectando el equilibrio de poderes”, advierte Agustín Bruera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju). Agrega que el gremio comenzó a reunirse con los presidentes de todos los bloques del Congreso al tiempo que se realizan asambleas en distintos ámbitos, sobre todo en las direcciones y unidades especializadas, en las que encuentran un amplio consenso en dar pelea para resistir.

“El proyecto no fundamenta por qué desaparecen de la estructura del Ministerio Público Fiscal las direcciones creadas por la última ley y las unidades especializadas, donde hay muchos compañeros que si bien no quedarían automáticamente despedidos sí cesarían sus contratos. Del relevamiento que hicimos calculamos que unos 500 trabajadores quedarían a merced de la reestructuración”, señala Bruera. “Viendo cómo se ha manejado el Ejecutivo, es claro que donde hizo reestructuraciones metió mano a despidos y cese de contratos. De prosperar el proyecto desaparecerían estructuras que hacen a la nueva mirada del Ministerio Público sobre la justicia como las oficinas de Atajo (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) o la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)”, remarca. “Más allá de lo estrictamente laboral, en un nivel más profundo vemos que el proyecto busca vaciar el MPF y hacerlo más burocrático, ya que cuatro subprocuradores toman las facultades de la procuradora y además las amplían, suman funciones que no existían. Esta reforma ataca directamente la nueva mirada sobre la justicia que se construyó en estos años”.

“Un nuevo ataque a la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal”, se titula el documento del Sitraju que analiza el proyecto presentado por el ministro Germán Garavano. Destaca que ante la imposibilidad de avanzar con el nombramiento de jueces “en comisión” en la Corte Suprema y de desplazar por decreto a Gils Carbó, el gobierno de Mauricio Macri promueve una reforma de la ley orgánica del MPF que desconoce el rol constitucional del procurador general al suprimir facultades de su titular, limitar el período de desempeño y modificar los mecanismos de remoción. En paralelo licua el poder de la procuradora mediante la creación de cuatro subprocuradores nombrados por mayoría simple del Senado (en lugar de las “mayorías agravadas” que la Corte recomendó en su fallo “Uriarte” para incrementar la transparencia en el proceso de selección de magistrados) y un “Consejo General” integrado en un 50 por ciento precisamente por esos cuatro funcionarios elegidos por el Ejecutivo.

Bruera recuerda que dos semanas atrás hubo una reunión informativa sobre el proyecto en las comisiones de legislación penal, justicia y presupuesto de la Cámara de Diputados, y que el ministro Garavano no supo explicar por qué el Gobierno no da a conocer los fundamentos de la propuesta de eliminar direcciones y unidades especializadas. “Todos los bloques atacaron el proyecto”, destacó. “Dividimos la cuestión en dos. El piso es que nadie se quede en la calle, pero también consideramos que este proyecto afecta la independencia judicial. Y como gremio que opina que sus trabajadores deben pensar el proyecto que realizan, decimos que no sólo es mentira que ‘modernice’ algo –de hecho la última ley que modificó la Justicia fue la del MPF el año pasado–, sino que además burocratiza un organismo que es dinámico, ya que crea organismos que le quitan funciones a la cabeza de Procuración para que cada decisión deba pasar por un Consejo General y cuatro subprocuradores”, explica.

“Por otro lado pensamos que lo que hace es vaciar el MPF de poder porque le quita facultades y estructura para ejercer su función penal, y de alguna manera se las devuelve al Poder Judicial como sistema inquisidor, cuando en todo el mundo está demostrado que es un sistema del pasado y hay consenso en ir hacia procesos acusatorios a cargo de fiscales. Nuestro miedo es que esto vaya contra el equilibrio de poderes, porque hoy el MPF es extrapoder, en la misma jerarquía que el judicial. También nos preocupa que se limiten a cuatro años los plazos de gestión tanto del procurador como de los subprocuradores, en coincidencia con los plazos políticos. Esto incide en la independencia judicial: si alguien es nombrado por el Ejecutivo para el mismo tiempo que el mandato presidencial, evidentemente va a estar a merced de quien lo nombró”.