El juez Sebastián Casanello ya corroboró que el presidente Mauricio Macri no incluyó en sus declaraciones juradas de bienes su participación en las sociedades offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA. Como siguiente paso, ahora libró exhortos con destino a Bahamas y Panamá, donde esas empresas fueron constituidas, para obtener precisiones sobre su función y sus facultades dentro de ellas. A través de la investigación sobre los Panama Papers, en la que participó el llamado Consorcio Internacional de Periodistas (ICJ), se supo que Macri figura como vicepresidente de Fleg Trading; y por medio de datos consignados en el Registro Público de Panamá, surgió que tiene el mismo lugar en Kagemusha. Por encima, como titular de ambas firmas, está su padre, Franco Macri. Los pedidos de cooperación de este tipo, necesarios cuando hay empresas, bienes y cuentas en el exterior, a veces complican más de lo que facilitan el avance de las investigaciones. Es raro que tengan respuesta. Con expectativa de aumentar las chances de colaboración, Casanello los formuló como un pedido simple de información que podría servir para probar no sólo la omisión maliciosa en la declaración jurada sino otros eventuales delitos. También, a nivel local, le pidió colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF). Existe un tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En los casos de corrupción, casi las únicas veces que la cooperación se concreta es cuando el delito investigado en el país que solicita los datos existe también, con igual definición y características, en el país consultado. En este caso, por ahora según especifica el pedido del juzgado, Macri está imputado, bajo sospecha de un delito llamado “omisión maliciosa”: omitir datos de manera intencional en la declaración jurada. En el caso del Presidente Macri, en la documentación con que cuentan la AFIP, la Oficina Anticorrupción, el Congreso y el gobierno porteño, jamás consignó su vínculo con las sociedades offshore Fleg Trading y Kagemusha. Lo que sucede es que debe quedar demostrado que la omisión fue intencional.

Omisión maliciosa es una de las variantes del delito de enriquecimiento ilícito que, como tal, no existe en muchos países. Tiene una pena de quince días a 2 años de prisión. Como es baja, las chances de prescripción son altas, como sucedió con Carlos Menem.

De todos modos, el tipo de información que solicitó Casanello podría llevar la investigación por caminos más variados. Requirió, por ejemplo, detalles sobre el tipo de actividad y las operaciones concretadas por cada una de las sociedades, las fechas, todas sus actas de directorio, la apertura de cuentas bancarias vinculadas a ellas, sus titulares y quién está habilitado para su administración. Sobre Macri requirió información específica sobre su lugar en el directorio, sus funciones y facultades y su eventual carácter de accionista. Los exhortos serán girados por la Cancillería, a cargo de Susana Malcorra. Casanello dice específicamente que “el objeto resulta ser si Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada” pero también “establecer si la vida social de las referidas empresa infringieron algún tipo penal y en ese caso, si Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.

La existencia de Fleg Trading, constituida en Bahamas, fue revelada por la filtración a nivel internacional de documentos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca, que se dedica a trabajar con sociedades offshore, harto utilizadas para evadir obligaciones impositivas o disfrazar operaciones. Fue creada en 1998 en una gestión triangulada con un contador uruguayo, Santiago Lussich Torrendell. Cuando recién se conocieron los Panamá Papers, Macri salió públicamente a decir, en referencia a Fleg Trading, que “la sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño”, “no tuvo actividad”. En un comunicado el Gobierno agregó que Macri había sido designado vicepresidente de manera “ocasional” y que nunca fue accionista, por lo tanto decíano tenía nada que incluir en su declaración patrimonial. Luego su padre, alineado con esa teoría, dijo que la empresa había sido suya y que la declaró en la AFIP.

Si Panamá le llegara a contestar a Casanello, tal vez queden despejadas las dudas sobre la veracidad de esas afirmaciones. El juez espera también corroborar los datos sobre Kagemusha, respecto de la cual Macri no dijo nada. Según el Registro de Panamá, que es de acceso público, fue constituida en 1981 y mantiene status “vigente”. Figura como presidente Franco Macri, vice Mauricio y como secretario Gianfranco Macri, un hermano. Como tesorero aparece Eloy Benedetti, un abogado ya fallecido, socio del estudio Benedetti & Benedetti, que asistía a extranjeros para inscribir sociedades. Figuraba en 5677 empresas distintas.

Entre las últimas medidas que dispuso, Casanello le pidió a la UIF que consulte “fuentes locales e internacionales” para corroborar la existencia y vigencia de las sociedades offshore vinculadas a Macri y sus eventuales cuentas bancarias. Todavía no resolvió si seguirá investigando en la misma causa al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, a quien el ex candidato a vicejefe de gobierno porteño Daniel Santoro vinculó con Macri por una posible maniobra de lavado de dinero para financiar la actividad del PRO.