La desesperación por mantener la ofensiva en Comodoro Py contra Cristina Fernández de Kirchner se tradujo ayer en un nuevo expediente judicial. El fiscal Carlos Rívolo sostuvo que hay mérito para investigar la firma Los Sauces, propietaria de departamentos, cocheras y terrenos de la familia Kirchner. La hipótesis del fiscal es que esas propiedades se alquilaban a empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a precios excesivos, lo que –supuestamente– encerraba una coima que López y Báez pagaban por los contratos de obra pública. Como era de esperar, el juez Claudio Bonadio de inmediato acogió la iniciativa del fiscal y decretó el secreto de sumario. El abogado de la familia Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, ya adelantó que presentará un escrito ante el juez Julián Ercolini para que le pida la causa a Bonadio, dado que Ercolini, por orden de la Cámara Federal, investiga hechos idénticos en el expediente Hotesur y otros paralelos. La familia Kirchner sostiene que los contratos de Los Sauces y también de Hotesur fueron públicos, legales, que los pagos siempre fueron bancarizados, que se cumplió con los impuestos y que los valores de los alquileres se corresponden con los de mercado. En otro expediente, en el que ya declaró Cristina, el del dólar futuro, Beraldi presentará un recurso ante la Casación para insistir con que Bonadio debe ser apartado (ver aparte).

Sauces

Rívolo le dio ayer curso a la denuncia realizada por Margarita Stolbizer que sostiene que hubo enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos en las actividades de la sociedad Los Sauces, cuya cabeza es Romina Mercado –hija de Alicia Kirchner– y que está integrada por Máximo y Cristina. La empresa –según la denuncia– fue invirtiendo a partir de 2008 en dos oficinas en Puerto Madero, dos terrenos en El Calafate, dos en Río Gallegos, uno en El Chaltén y una casa en Río Gallegos.

Por los delitos que incluye en su requerimiento, Rívolo reitera la hipótesis de que los Kirchner compraron propiedades, las alquilaban a Báez y Cristóbal López, cobraban alquileres desmesurados y que esa fue una forma de cobrar coimas supuestamente a cambio de obra pública.

La respuesta de Beraldi irá en la misma línea que en el caso Hotesur. Los contratos están escritos, firmados, no se cobró nunca en efectivo, las operaciones están bancarizadas, figuran en la AFIP, se pagaron los impuestos y los valores están dentro de los de mercado.

En el ejemplo de Hotesur, la defensa sostuvo que se cobraron 400.000 pesos por mes por el alquiler de 103 habitaciones del hotel Alto Calafate, disponibles los 30 días de cada mes. Eso equivale a un costo de 129 pesos por habitación y por noche. Según los operadores turísticos, con la ocupación de apenas el 10 por ciento de las habitaciones, ya que el precio de la noche era de unos 1.600 pesos el contrato era rentable para el operador. En ese caso, la empresa operadora fue Villa Mitre, de Lázaro Báez, que alquilaba el Alto Calafate y otros hoteles de otras empresas. La causa judicial deberá esclarecer si ese contrato de Hotesur está dentro de los parámetros lógicos o no.

Cámara

El expediente Hotesur motivó una disputa de competencia entre dos jueces federales, Daniel Rafecas y Julián Ercolini. La semana pasada, la Cámara resolvió que éste último instruya el expediente Hotesur porque consideró que Ercolini ya está a cargo de una causa anterior y más abarcadora, en la que se investiga el alquiler de habitaciones de hotel, pero en combinación con las relaciones de los Kirchner con Báez y Cristóbal López. Ahora, Rívolo y Bonadio pusieron en marcha otro expediente en el que supuestamente se investiga lo mismo, el vínculo entre alquileres, coimas y obra pública.

Beraldi ya adelantó que se presentará ante Ercolini para pedirle que absorba la nueva causa. Es posible que Bonadio rechace ese pedido, por lo cual nuevamente deberá expedirse la Cámara Federal.

En cualquier caso, para la defensa, la respuesta será la misma en Los Sauces que en Hotesur: son propiedades compradas en forma oficial, registradas, no intervienen sociedades fantasmas del exterior, los contratos de alquiler son públicos, los pagos mensuales bancarizados, se cumplió con los impuestos y –según la defensa– las operaciones fueron a valores normales. En forma reiterada, los Kirchner han dicho que no tienen cuentas ni sociedades en el exterior ni bienes ocultos. Se comprobó que era falsa la supuesta cuenta de millones de dólares de Máximo Kirchner en el Felton Bank de Delaware, una denuncia surgida de la derecha republicana de Estados Unidos y difundida por Clarín. Tampoco se encontró rastro alguno de cuentas ni en las islas Seychelles ni en ningún otro lado.

Aun así, todo esto es materia de investigación en Comodoro Py.

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