Martín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez y procesado en la causa por la llamada “ruta del dinero K”, criticó la “novelesca” acusación en su contra, cuestionó que se lo persiga por su poder patrimonial y equiparó la confiscación de sus bienes con una “reclusión perpetua” anticipada. En sintonía con los argumentos plasmados por su padre en su propia indagatoria, Martín Báez se presentó en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002 con un escrito preparado por sus abogados, que son los mismos que representan a su progenitor, en donde repitió que no está clara la acusación en su contra y que la relación de su padre con Helvetic Service Group (HSG) fue “lícita”. En tanto, el juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad HSG, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido 209 millones de pesos a Austral Construcciones SA, propiedad de Báez.

En su declaración Martín Báez también habló de la necesidad de armar un conglomerado de empresas, junto a la firma Calcaterra y socios chinos, para construir las represas en Santa Cruz, “una vieja deuda hídrica para la provincia”, y señaló que “era común, en esa época, escucharlo repetir que sin financiamiento estatal no había posibilidad de llevar adelante el mega proyecto”.

Los Báez fueron convocados a ampliar su indagatoria porque “Helvetic Services Group S.A. habría reingresado al país 33 millones de dólares insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco Nación, a través de nueve cheques endosados” por el apoderado de Helvetic, Jorge Chueco, y depositados por dos integrantes de Austral Construcciones.

En su escrito, Martín Báez también resaltó su condición de “accionista minoritario” en Austral Construcciones, con un cinco por ciento, y destacó que eso es “justamente” lo que lo aleja aún más de la imputación. Pero además afirmó que “el dinero producto de la liquidación de títulos públicos no guarda relación con ninguna maniobra ilícita” y se preguntó si “¿acaso tener un patrimonio importante implica necesariamente disponer de fondos ilícitos?”. Tras sostener que “es el propio fiscal quien emprendió un camino destinado al fracaso al iniciar su novelesca imputación de legitimación de activos”, Báez advirtió que “la legitimidad de la operación fue convalidada por el oficial de cumplimiento del Banco Nación”. Y se lamentó de que “se impone a mi familia la pena económica total, lo equiparable a la reclusión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado de cuya constitucionalidad es probable que Vuestra Señoría haya renegado, al proceder a la confiscación de prácticamente la totalidad de los bienes, cuando no se ha probado la ilicitud del patrimonio de mi familia”. Al igual que su padre, el joven reclamó una pericia contable y otra sobre “los videos aportados a la investigación”, puntualmente el de la financiera La Rosadita.