“No habiendo quórum ha fracasado la sesión especial”, soltó con un dejo de satisfacción el presidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, a las 12.30 de ayer. El intento opositor –Frente para la Victoria, Bloque Justicialista, Frente de Izquierda y monobloques– que intentó de convertir en ley la emergencia ocupacional que suspenden los despidos sin causa por 180 días y prevé la doble indemnización, reunió 108 diputados en el recinto, 21 menos de los necesarios para alcanzar el quórum. El Gobierno nacional logró una vez más dilatar la sanción de la ley antidespidos en la que tuvo como aliado funcional al massista Frente Renovador. La alianza oficialista Cambiemos pactó con Sergio Massa un acuerdo para frustrar la sanción de la ley y un supuesto “triunfo del kirchnerismo”. Monzó convocó para el miércoles próximo a una sesión ordinaria donde incluyó la emergencia laboral. Eso le sirvió a Massa para frenar la fuga de sus diputados de extracción sindical que estaban dispuestos a acompañar la sesión especial de ayer. A cambio, el oficialismo se comprometió a facilitar el tratamiento del dictamen massista la semana próxima, cuyas modificaciones al proyecto del Senado devolvería la iniciativa a la Cámara de origen con una nueva dilación (ver recuadro). En Cambiemos admiten que la ley saldrá de todos modos y que el Presidente la vetará. La estrategia discursiva será plantearla como una ofensiva del peronismo contra el Gobierno y la intención de generarle costos políticos a Mauricio Macri.

Pacto

El pacto de Massa con el oficialismo se selló el martes por la tarde/noche, luego de que dos de los dipusindicales massistas –Héctor Daer (Sanidad) y Jorge Taboada (Camioneros)– firmaron junto al FpV y el BJ el dictamen de mayoría que refrendaba la media sanción del Senado, al tiempo que otros integrantes de su bancada de extracción sindical amenazaban con sumarse a la sesión especial.

En la reunión en el despacho de Monzó se acordó que el oficialismo convocaría a una sesión ordinaria para el miércoles próximo para tratar la ley de Acceso a la Información Pública y la rebaja del IVA (hasta 300 pesos) para jubilados y beneficiarios de planes sociales, a la que también sumarían la emergencia laboral. Cambiemos comprendía que era casi imposible frenar el tratamiento de la ley antidespidos y buscaban tender una mano al “opositor amigable” con un objetivo común: frustrar lo que consideraban un posible triunfo kirchnerista.

Como nunca antes en la Cámara baja, ayer por la mañana ya estaba impresa la convocatoria y el temario para el próximo miércoles. El papel le sirvió a Massa para frenar el cisma en su bancada, ante la que argumentó que la semana próxima ellos quedarían como los salvadores de las fuentes laborales. Así lo planteó en el Salón de Pasos Perdidos luego del fracaso de la sesión especial para el que había trabajado. “Queremos transmitirles absoluta tranquilidad a todos los trabajadores argentinos. El día miércoles en sesión ordinaria, sin caprichos y sin prepotencia, los argentinos vamos a tener una ley que protege a los trabajadores de los despidos”, dijo Massa frente a las cámaras de TV.

“Y a los trabajadores que quedaron en la calle en estas semanas les decimos que se queden tranquilos, porque a diferencia del proyecto que hoy se está tratando, nuestro proyecto de ley prevé la retroactividad al 22 de abril, precisamente para cuidar a aquellos que fueron despedidos mientras se discutía esta ley. La ley del Senado que no los contempla”, completó Massa. A su lado, Facundo Moyano se justificaba: “Las tres centrales obreras, la de (Hugo) Moyano, (Luis) Barrionuevo y (Pablo) Micheli, están al tanto y comprendieron la postura del bloque del Frente Renovador”, dijo el dirigente del sindicato de peajes e hijo del pope cegetista para explicar por qué ni él ni los camioneros Taboada y Enrique Castro Molina respaldaron la ley antidespidos, como habían reclamado todas las centrales sindicales cuando fueron convocadas al Congreso.

El dictamen massista de emergencia ocupacional incluye también un anexo con “un plan de protección a las micro, pequeñas y medianas empresas” con fomento para el empleo joven y de mayores de 50 años en un mismo proyecto.

Aportes

El oficialismo también hizo sus propios aportes al fracaso de la sesión especial de ayer. Desde Casa Rosada se encargaron de presionar a varios gobernadores. Así lograron que cinco de los seis integrantes del Frente Cívico santiagueño (ex aliados del FpV) ni los tres puntanos que responden a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá no bajaran al recinto aunque estaban dispuestos a hacerlo. A los tres socialistas santafesinos los satisfizo la convocatoria formal para la próxima semana y tampoco bajaron.

También reforzaron sus presiones sobre aliados y cercanos con distinta suerte. Los seis cordobeses delasotistas no fueron de la partida. Uno de los dos diputados salteños que responden a Juan Manuel Urtubey faltó a la sesión. Los misioneros del ex gobernador Maurice Closs llegaron sobre la hora y no estuvieron contabilizados entre los que estaban sentados en sus bancas al darse ya por fracasada la sesión.

En tanto, desde Cambiemos promocionaban la convocatoria a la sesión de la semana próxima. Lo ratificaron ante los periodistas el jefe de la bancada de la UCR, Mario Negri, y el propio Monzó después del fracaso opositor. Por lo bajo, el oficialismo admitían entonces que el acuerdo con Massa fue para frustrar un triunfo legislativo del kirchnerismo. Pero adelnataban que tampoco acompañarán el proyecto massista porque rechazan la doble indemnización y consideran “muy alto el costo fiscal” que se plantea en respaldo a las Pymes.

De todas maneras consideran que la mejor opción es que Diputados lo apruebe. Las modificaciones devolverán la iniciativa al Senado, que aunque probablemente que los senadores confirmen su propio proyecto y conviertan en ley la emergencia ocupacional, la dilación le dará más tiempo para desarrollar su estrategia política.

Saldrán de campaña comunicacional para explicar que la ley es una embestida del kirchnerismo contra el gobierno y “no un problema de pérdidas de empleo”, con el objetivo de amortiguar el costo político del veto presidencial. En tanto, enviarán al Congreso la modificación del Impuesto a las Ganancias como gesto a las centrales sindicales para frenar posibles medidas de fuerza por el veto de Macri. El anzuelo no es muy atractivo. Las nuevas categorías previstas en el texto del proyecto entrarían en vigencia recién en 2017.

Un camino sinuoso, pero en el que ayer sintieron que sortearon un escollo.