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Cuando propuso a Eugenio Raúl Zaffaroni como juez de la Corte Suprema, Néstor Kirchner apostó a un perfil definido e innovador, el de un jurista comprometido con el estado de derecho y los derechos humanos, como él mismo describió. La candidatura de Carmen Argibay para ocupar el lugar que dejó Guillermo López encierra todas aquellas definiciones y una jugada más: no es sólo que sea mujer, lo que marca una importante apertura, sino que se trata también de una militante y defensora de los derechos del género. “Conmigo (Kirchner) no contaría para una Corte adicta si esas fueran las intenciones”, dijo ayer la penalista y pidió más mujeres en el tribunal. En el Gobierno dicen estar empeñados en buscar a los nuevos jueces entre “el progresismo del derecho”. La semana próxima postularán al reemplazante de Eduardo Moliné O’Connor, que también sería una dama.
“Es una profesional excepcional, absolutamente independiente, con una historia de dignidad absoluta”, ponderó Kirchner a su candidata. Cuando ayer a la mañana presentaron a Argibay en sociedad como la elegida, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el de Justicia, Gustavo Beliz, destacaron el rol que cumple actualmente como jueza del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI), donde llegó en enero de 2002 elegida por la Asamblea de Naciones Unidas con 30 votos por sobre el mínimo necesario.
Además de la especialidad de penalistas, Argibay y Zaffaroni tienen en común el prestigio internacional, un valor que prioriza el Presidente en su selección de magistrados. Ambos son, además, ortodoxos defensores de las garantías individuales. “Creemos que ella va a generar menos reacciones que Zaffaroni, no parece que se complique su designación”, sinceró un miembro del gabinete, anticipándose al test público –que puede incluir avales e impugnaciones– que comenzará en enero, de acuerdo al decreto 222 con que el Poder Ejecutivo se autolimitó en el nombramiento de jueces y puso nuevas reglas para eso.
Con el desembarco de Argibay comienza precisarse una nueva identidad para la Corte, donde de la antigua mayoría menemista sólo queda Adolfo Vázquez, camino a ser destituido en el año que comienza. Esto puede traducirse en decisiones concretas de trascendencia que están pendientes: Argibay daría el voto necesario, aún faltante, para declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ya están encaminados en esa dirección Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Antonio Boggiano. Hace menos de un año estaba todo al revés, con un proyecto de Julio Nazareno casi cocinado para dar por constitucionales esas normas. Posiblemente también se destraben los reclamos contra la pesificación, un asunto que tampoco logra mayoría.
A los 64 años, Argibay lleva una vida dedicada a la Justicia. Fuma y, quienes la conocen bien, cuentan que es híper ordenada. Se reivindica feminista y como una de las pocas mujeres que reconocen la discriminación en el Poder Judicial. “Hay que defender los derechos de las mujeres y pedir la igualdad de oportunidades”, defendió al hablar ayer por radio.
Kirchner, pintan en la Casa Rosada, no conocía mucho sobre Argibay pero sumando datos y comentarios de colaboradores de confianza terminó convencido de que era la jueza que buscaba. Ya cuando en agosto Página/12 adelantaba su nombre en exclusiva el Gobierno se había puesto en contacto con ella para medir su predisposición a dejar la toga que viste en Holanda. Por entonces se mostró con ganas pero con dudas porque quiere terminar su actuación en el proceso que juzga los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia, cuya finalización se preveía en mayo. Ahora la magistrada cree que el juicio podría terminar antes de lo previsto y regresaría a la Argentina con esa misión cumplida. De visita en el país aprovechando las fiestas, tuvo dos reuniones con Kirchner, una el lunes y otra la semana pasada.
Argibay ingresó a la Justicia en 1959 como meritoria, cuando estudiaba derecho y, después de haber pasado por juzgados de instrucción y demenores, fue nombrada en 1975 secretaria de Cámara. “Me duró poco, la madrugada del 24 de marzo de 1976 tiraron abajo la puerta de mi casa y me llevaron detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Durante nueve meses conocí la cárcel por dentro, estaba presa y nunca supe por qué”, contó tiempo atrás a este diario. Dejó la prisión en diciembre de aquel año después de sufrir un preinfarto. Con la democracia volvió a la Justicia. En 1984 juró como jueza, en 1988 ascendió a camarista y en 1993 pasó a integrar el Tribunal Oral Nº 2 donde firmó varias condenas por violación a menores, entre ellas la del técnico Héctor “Bambino” Veira.
Fue en Tokio donde la experta en derecho penal conoció la posibilidad de postularse para el TPI. Había estado allí como integrante de un tribunal organizado por varias ONG para juzgar los crímenes cometidos por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Aquel proceso tuvo su origen en las denuncias de mujeres que habían sido explotadas sexualmente durante la guerra. Haber presidido la Asociación Mundial de Mujeres Jueces entre 1998 y 2000 y su compromiso en la lucha por los derechos humanos fueron de mucho peso en su llegada al tribunal de La Haya, con un mandato previsto de cuatro años. Pero poder asumir en la Corte Suprema tendrá que dejar su cargo allí.
Beliz aseguró ayer que “los antecedentes” de Argibay “son garantía de honorabilidad y transparencia en el máximo tribunal”. Resaltó que su desempeño en el TPI “es una señal de la seguridad jurídica que debe empezar en la Argentina”. Fernández destacó su “compromiso muy fuerte con el estado de derecho”.
“Por fin tenemos una mujer en un gobierno democrático en la Corte”, exclamó Kirchner. La única y última que accedió al máximo tribunal fue, entre 1970 y 1973 (un gobierno de facto), Margarita Argúas. Lo deseable, claro, hubiera sido que siempre las mujeres formaran parte naturalmente -por idoneidad, capacidad y por ser el cincuenta por ciento de la población– del universo de “designables”. Hoy el decreto Tres Patitos impulsa la “diversidad de género” y ya se habla en el Gobierno de que la vacante pendiente también puede ser para una mujer suprema (ver nota aparte).