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A pedido de la Unidad Fiscal AMIA, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le pidió ayer a la Cancillería que gestione la detención del iraní Alí Akbar Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que estuvo de visita en Singapur y estaría ahora en Malasia. De acuerdo a la investigación oficial, llevada adelante por el fiscal Alberto Nisman y sostenida por los fiscales que lo sucedieron, el atentado se decidió, en noviembre de 1993, durante una reunión donde supuestamente estaban los máximos líderes de Irán. Entre ellos, el entonces canciller Velayati. Por su alto cargo, Interpol nunca aceptó incluirlo en las alertas rojas y ahora la Cancillería se dirigirá a Malasia –con pocas chances– para reclamar que lo detengan.

Velayati es el presidente del Consejo Nacional de Conveniencia de Irán, que es un cuerpo de asesores del líder religioso supremo, Ali Kamenei. En Irán conviven dos sistemas de similar poder: el que se basa en el voto, que tiene a Hassan Rouani como presidente, y el que se basa en los mandatos religiosos, con Kamenei a la cabeza. Velayati ocupa uno de los cargos más altos en lo que sería la estructura religiosa.

El viaje a Singapur y Malasia es público y sus actividades se pueden leer en diarios de Irán y Singapur. Fue orador principal en la Tercera Cumbre del Sur de Asia sobre la Diáspora. La mayor preocupación es lo que llamamos la fuga de cerebros de los países más débiles hacia las potencias, principalmente India, China y también Singapur.

En su paso por Malasia, ayer, Velayati disertó en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos de Kuala Lumpur y se explayó sobre el principal enemigo de Irán en estos momentos, el Estado Islámico, que acaudilla a sunitas contra los chiitas, que constituyen la mayoría en Irán. Hoy en día, Teherán está en alianza con Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania. Con ellos firmó un tratado de limitación nuclear y confluyen en el enfrentamiento contra ISIS.

Según los trascendidos, la Cancillería recibió los informes públicos de la presencia de Velayati en Singapur y Malasia, informó a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Fillipini y éstos le pidieron al juez Canicoba Corral que vuelva a cursar la orden de detención contra Velayati. Dado que Argentina y Singapur o Malasia no tienen tratado de extradición, será la Cancillería la que tendrá que gestionar la detención. Parece difícil que Singapur o Malasia capturen a un visitante oficial, pero el reclamo argentino tendrá un efecto de “marcar la cancha”. “Podrá moverse por esa parte del mundo, no por Roma o París”, señalaron fuentes judiciales a este diario.

La responsabilidad de Velayati en el atentado de la AMIA es una de las más difíciles de probar ya que se basa en declaraciones de opositores iraníes que, por otra parte, no estuvieron en la reunión de Mashad. Lo mismo sucede con Alí Akbar Rafsanjani, quien fuera presidente de Irán en 1994, el año del atentado. Interpol no aceptó ninguna de las dos órdenes de captura porque normalmente no acepta las detenciones de altos cargos políticos. En su momento, la acusación ya naufragó cuando se dirigió contra el ex embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpour. Tras su detención, un juez de Londres sostuvo que las pruebas en su contra eran insuficientes dado que se basaban en testigos de oídas, opositores al régimen iraní, e informes de inteligencia de la SIDE, la CIA y la Mossad. Soleimanpour recuperó la libertad y hubo que indemnizarlo.

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