“Argentina es un país precursor en derechos LGBT”, dijo el vice ministro de Justicia y Derechos del Consumidor alemán, Christian Lange, que de camino a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las personas LGBTI –que se realizó en Montevideo– pasó por el país para mantener reuniones con autoridades y activistas e informarse sobre el funcionamiento de leyes como la de matrimonio igualitario. “En Alemania no hay matrimonio igualitario, sino que tenemos la institución de las uniones civiles inscriptas, y en adopción no hay igualdad para parejas LGBT. El caso argentino demuestra que sin una sociedad civil fuerte que reclama no hay igualdad”, señaló el funcionario, que advirtió, también, que el mayor obstáculo para un nuevo paisaje legal lo constituyen los sectores políticos conservadores. “Las iglesias en Alemania existen pero no tienen un papel político tan importante como tal vez lo tengan acá. El alemán no es un estado laico al estilo del francés, pero sí hay separación entre Estado e iglesia. Aunque claro, la iglesia busca cómo justificar alguna intervención”, agregó, durante un encuentro con medios argentinos en la Fundación Friedrich Ebert.

Lange contó que en Alemania hay encuestas que señalan una brecha entre las palabras y los hechos: aun cuando la idea del matrimonio igualitario “tiene entre el 70 y el 80 por ciento de aprobación social hoy”, los sondeos también señalaron que “hay un porcentaje de rechazo igual de elevado a demostraciones como el beso en la calle de parejas LGBT”. “La contradicción muestra el pulso de la sociedad. En tanto, hay ONGs, clubes LGBT, espacios de la sociedad civil que trabajan esto, de modo que creo que es una cuestión de tiempo. Si el cambio no es en este período electoral, será en el otro”, aventuró el vice ministro, que también es diputado por el Partido Socialdemócrata. El panorama político europeo, explicó el funcionario, está crecientemente marcado por el fortalecimiento de sectores conservadores, de la mano de la reacción ante la llegada de refugiados sirios. “La resistencia conservadora existe. Pero la única bandera que tienen ahora es la oposición al matrimonio igualitario. En cosas como reclamos sociales, igualdad de salarios entre mujeres y varones, por ejemplo, ya nadie está en contra. Entonces a la identidad conservadora no le quedan muchas banderas”.

Lange dio cuenta de que la previa al debate por los derechos civiles LGBT transcurre al mismo tiempo en que una revisión del pasado no tan lejano podría tener efectos sobre ciudadanos que fueron enjuiciados y condenados por ser gays. Derogado en 1994, el artículo 175 del Código Penal justificó el inicio de 100 mil causas judiciales contra varones homosexuales; 50 mil de esos procesos terminaron en condenas de hasta seis años de prisión. “Hasta 1994 hubo condenas. Hubo hombres condenados o cuyas vidas estuvieron amenazadas, y que vivieron episodios con un desarrollo negativo por el impacto de esa norma. Ahora estamos en el proceso de la rehabilitación de las personas condenadas por el artículo 175. Muchos de ellos ya no viven. Los condenados sobrevivientes más jóvenes hoy tienen alrededor de 85 años, y lo que buscamos es que esa condena desaparezca, que sean rehabilitados socialmente, y que reciban una indemnización aunque sea emocional”, contó Lange.

“El Estado se tiene que disculpar, porque la igualdad también tiene que ver con la defensa de los derechos humanos”, agregó. Ese tipo de legislación “es contrario a la Constitución y a los derechos humanos, y esas condenas fueron una mancha en la vida de esas personas, por eso es importante que las sentencias sean revocadas”. Sin embargo, señaló, “revocar las sentencias es difícil porque implica la retroactividad de la ley”.

Formalmente, el proceso está resultando también más engorroso: los casos deben ser analizados uno a uno, a pedido del afectado, que, además, “debe presentar la sentencia para poder iniciar el pedido”. “Eso es algo que muchas veces las personas condenadas no pueden hacer”, admitió Lange. En cambio, señaló, “la revocación colectiva (de esas condenas) tiene que ver con el aspecto moral”. “Socialmente, se aceptó ya que esas condenas fueron una violación de los derechos humanos. Ahora, para que eso tenga efecto sobre los afectados debemos indemnizarlos. Una indemnización individual, económica. Caso contrario, deberíamos encontrar un caso modelo para poder explicar cuál fue el destino que tocó a esas personas”.