Miles de cooperativistas se movilizaron al microcentro porteño con una marcha en defensa del trabajo que pasó por varios ministerios para reclamar contra el tarifazo y el abandono de las políticas destinadas al sector. La protesta reunió a trabajadores de cooperativas de construcción de viviendas, de producción y empresas recuperadas, que atraviesan uno de sus momentos más críticos. Su masividad les abrió puertas: los atendieron en los ministerios de Trabajo, Energía y en Obras Públicas, donde consiguieron algunas respuestas y el compromiso de abrir un espacio de diálogo.

En el caso de las cooperativas de construcción de viviendas, su principal problema es que el Gobierno les adeuda hasta seis meses de certificaciones de obra –el sistema es por tramo concretado: a medida que se certifica el avance en la construcción, el Estado envía los fondos–. Hay 35 mil personas empleadas en estas cooperativas a las que el parate de Cambiemos los dejó sin ingresos. 2500 obras están frenadas, sin terminar.

“Hicimos un esfuerzo muy grande para movilizarnos”, dijo a Página/12 Christian Miño, titular de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. A la ciudad de Buenos Aires llegaron delegaciones de 20 provincias. “Los compañeros, con lo que cobran de la certificación de obra viven, pero con esta deuda de 5 o 6 meses no tienen un mango para llevar a su casa. No estamos hablando de que no puedan echarle nafta a la camioneta. Mucha gente juntó como pudo el dinero para llegar acá, hasta vendiendo pan casero. Por eso le planteamos a los funcionarios que nadie está contento de tener que hacer una movilización”.

A las recuperadas les están llegando avisos de cortes de los servicios por falta de pago. “En el (hotel) Bauen, la factura de la luz pasó de 24 mil pesos bimestrales a 100 mil pesos por mes; la de agua, de 65 mil a 220 mil y la del gas, de 15 a 50 mil pesos”, ilustró Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa y titular de Facta, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Al mismo tiempo, por la baja en el consumo interno, ven sus ingresos recortados, “que es donde más sentimos la crisis porque no hay otros recursos”.

Los manifestantes cortaron carriles de la Avenida 9 de Julio antes de marchar por el microcentro hasta la puerta de los tres ministerios para los que prepararon petitorios, los de Obras Públicas, Trabajo y Energía. En la movilización tuvieron el apoyo de los gremios de la CTA de los Argentinos que encabeza Hugo Yasky, así como de los sindicatos de Curtidores y los gráficos bonaerenses, más agrupaciones como Descamisados.

Aunque sin audiencias preacordadas, fueron recibidos por funcionarios de las tres áreas. Miño, de la CNCT, contó que en la Secretaría de Vivienda y Hábitat fueron recibidos por el Director Nacional de Coordinación de Políticas y Programas Habitacionales, Ramiro Masjuan, que les dio un compromiso del Gobierno de comenzar a destrabar los pagos adeudados. Además acordaron una nueva reunión para tratar la cuestión de fondo. A futuro, estas cooperativas enfrentan el desafío de qué obras van a encargarles. Proponen retomar, con el apoyo del Estado, una experiencia que ya vienen realizando. “En estos meses el sector privado dejó a muchísimas obras abandonadas porque no les resultan rentables. Nosotros podemos terminarlas”, sostuvo Miño.

En el Ministerio de Trabajo, las empresas recuperadas lograron también una respuesta, ya que tras ser recibidos por funcionarios del área se fueron con el compromiso de que el Estado reactivará una línea de asistencia para las cooperativas de trabajo, el programa Línea 1, que es un subisidio de 3100 pesos mensuales para cada asociado. El programa tiene un plazo de 24 meses, y a muchas recuperadas se les había vencido. El acuerdo fue que en esos casos, se les renovará la asistencia por un año más.

En Energía la audiencia fue más ríspida. Las cooperativas, que piden un régimen diferencial en las tarifas de los servicios públicos, se encontraron con una negativa cerrada, según detalló Tonarelli. El subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, derivó la solución al próximo lunes, para cuando fue pautada una reunión junto al representante del Ministerio de Desarrollo Social, que tendría en estudio un subsidio para pagar parte de las facturas. Mientras tanto, quedó el compromiso verbal de que no sufrirán cortes de luz ni de agua.