Siete entidades pidieron ayer al Senado que convoque a una audiencia pública “destinada a abrir la participación de la ciudadanía en el proceso de evaluación de los antecedentes de los candidatos”. El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por los Derechos Civiles, el Núcleo de Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana , para la Educación y el Trabajo, la Fundación Vía Libre, Poder Ciudadano, Asociación Pensamiento Penal y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia se refieren a los candidatos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los dos ya ocupan la dirección y la subdirección de la Agencia Federal de Inteligencia en comisión pero deben ser refrendados por el Senado esta semana.

La Comisión de Acuerdos del Senado hasta el momento no hizo gesto alguno para darle participación a instituciones de la sociedad civil en el capítulo previo al debate que tendrán los senadores.

El director y el subdirector de la AFI, que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia, deben ser confirmados por el Senado de acuerdo a la ley 27126 sancionada y promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner después de la crisis que terminó con la era de Antonio “Jaime” Stiuso en el aparato de inteligencia.

Las siete organizaciones emitieron un documento en el que dan cuatro motivos para realizar una audiencia:

• “El interés público de que no se produzcan actos ilegítimos”.

• “El interés de los particulares de poder influir con sus argumentos y pruebas antes de la toma de una decisión”.

• El interés de las autoridades en evitar errores y ganar eficacia y consenso.

• “La necesidad del sistema democrático de impedir la concentración excesiva de poder en una autoridad hegemónica, como hemos visto tantas veces en nuestra historia”.

El carácter público de la audiencia garantizaría publicidad y transparencia, por un lado, y por el otro lado la participación social individual o a través de organizaciones.

Además, el candidato podría presentar su proyecto de trabajo y los senadores podrían formarse una opinión personal de los candidatos luego de hacerles las preguntas correspondientes.

“Por tratarse la AFI de un organismo facultado para utilizar el secreto de Estado, la administración de gastos reservados y la realización de medidas intrusivas sobre los derechos fundamentales de las personas –entre otras funciones que afectan directamente a la población–, consideramos de extrema necesidad que se garantice la participación ciudadana en el proceso de designación de sus máximas autoridades”, dice el texto de las siete organizaciones.

El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, decide o no la aprobación final del concurso de un juez por su propio dictamen y por lo escuchado en audiencia pública.

En marzo último Horacio Rosatti defendió durante seis horas en el Senado sus criterios ante preguntas de los senadores y de representantes de organizaciones civiles. Luego la Comisión de Acuerdos aprobó su nombramiento como juez de la Corte Suprema y trasladó su decisión al plenario del cuerpo para la aprobación definitiva.

También hubo debate público por los embajadores con pliegos que debía aprobar el Senado. Desfilaron por la Comisión de Acuerdos en marzo Martín Lousteau (Estados Unidos), Diego Guelar (China), José Bordón (Chile), Miguel Del Sel (Panamá), Juan Carlos Magariños (Brasil), Eduardo Zuain (Paraguay), Marcelo Stubrin (Colombia), Guillermo Montenegro (Uruguay), Luis Juez (Ecuador), Ramón Puerta (España), Oscar Moscariello (Portugal) y Normando Alvarez García (Bolivia).

Todos fueron aprobados y hoy ejercen como embajadores. Es lo que ocurre habitualmente. Pero aunque sea infrecuente puede no haber consenso previo y entonces el Ejecutivo busca otra candidatura. Es lo que ocurrió durante el gobierno anterior con la Procuración. El Ejecutivo retiró la postulación de Daniel Reposo y la cambió por Alejandra Gils Carbó, que fue aprobada por la Comisión de Acuerdos y por el pleno de senadores.

Siempre un órgano poderoso, la Comisión de Acuerdos está presidida por el peronista salteño Rodolfo Urtubey, hermano mayor del gobernador. La integran también los peronistas Juan Manuel Irrazábal, Walter Barrionuevo, Omar Perotti y Ruperto Godoy. Además revistan allí Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca), Federico Pinedo y Ernesto Martínez (PRO), los radicales Alfredo Martínez, Luis Naidenoff y Julio Cobos, el integrante del interbloque federal Adolfo Rodríguez Saá y la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.

Tal como publicó el domingo Página/12, cinco de esas siete organizaciones impugnaron la idoneidad de Arribas y Majdalani para encabezar la AFI. Cuestionaron a los dos por su acuerdo en terminar con el control del uso de fondos, a Arribas por su origen empresario en un sector turbio como el de la compra y venta de jugadores y por algunos pases en particular, como los que se realizaron usando la pantalla del club Maldonado de Uruguay, y a Majdalani por sus relaciones con Francisco Larcher, número dos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y pieza clave en la Era Stiuso.

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