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“¿Hasta dónde llega el principio de presunción de inocencia?”, se preguntó el abogado de la AMIA Juan José Avila, durante los alegatos en el juicio oral por el ataque contra la mutual judía. Y comparó a los acusados con los ex comandantes que fueron condenados en 1985 al afirmar que, tal como ocurrió entonces, Carlos Telleldín y los policías bonaerense deben ser condenados “en base a la lógica y a los indicios múltiples” en su contra. Tal como adelantó Gilbert Lewi, de la DAIA, en la entrevista publicada por Página/12 el domingo, la querella unificada de esa entidad, la AMIA y Familiares de las Víctimas explicitó que perdió validez y no pueden utilizar la principal prueba contra los policías, dado que Telleldín recibió dinero de la SIDE, vía juzgado de Juan José Galeano, para acusarlos. De tal modo, tuvieron que armar una construcción jurídica basada en los indicios que quedaron en pie durante la viciada investigación. Antes que Avila, había concluido su parte del alegato la abogada Marta Nercellas (DAIA) y lo hizo con una suerte de autocrítica. “El que critica la obra nunca se equivoca, se equivoca el que pinta”, expresó. Y se arrepintió de haber aceptado, a sugerencia del entonces juez del caso Juan José Galeano, grabar en secreto a un acusado de delitos menores, Bautista Huici, algo prohibido por la ley.
“La prueba directa no es la única que puede legítimamente considerarse, hay presunciones, indicios. No será posible nunca obtener una foto del momento de la entrega de la Trafic que el 18 de julio de 1994 fue usada como coche bomba en Pasteur 633”. El abogado de la AMIA pidió al tribunal que aplique el mismo criterio utilizado en el Juicio a las Juntas porque consideró que “los ex policías bonaerenses mostraron una estructura jerárquica militarizada, un espíritu de cuerpo e idéntica pretensión de justificar todo, con idénticas actitudes mostradas en la causa de los comandantes, conocida como causa 13”. Avila intentó convencer a los jueces que deben condenar a los cinco principales acusados en base a la “lógica” y a los “múltiples indicios” en su contra, y para eso tuvo que sistematizar los antecedentes de la causa que sostengan la acusación a falta de pruebas directas. El letrado habló de “cuatro pilares” como si fueran las cuatro patas de una mesa: la camioneta armada en forma especial por Telleldín, el número del motor que llevó a los investigadores hasta él, sus relaciones con la Bonaerense que permitieron la entrega de la camioneta a los terroristas, y los desvíos de la investigación y las actitudes de los imputados.
“En esa causa (Juicio a las Juntas) se habían comprobado miles de casos, de ellos se infirió que había un plan, en fecha cercana al 24 de marzo de 1976, donde algunos de los procesados ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista”, recordó. Y se preguntó “¿hasta dónde llega el principio de inocencia?”. Según razonó Avila, en aquel juicio, se dio por probada la existencia de una “orden secreta” que nunca apareció y fue “sistemáticamente negada por los procesados”, pero a la hora del veredicto “encontró sustento en la lógica, porque sin esa orden perversa, no se podía entender lo ocurrido en esa época nefasta”. Y concluyó que algo similar ocurre ahora en la acusación a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro, Raúl Ibarra y al reducidor de autos Carlos Telleldín.
El abogado detalló cada desvío, cada episodio sospechoso, como el cobro por parte de Ribelli y sus hermanos de una herencia anticipada del padre jubilado ferroviario por dos millones y medio de pesos, el 11 de julio de 1994, un día después de la salida de la Trafic de la casa del acusado Telleldín. Para los acusadores, los terroristas pagaron ese dinero a Ribelli a cambio de proveer la logística del atentado.