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La Justicia federal abrió la investigación sobre la tortura en los cursos de comando de las Fuerzas Armadas con un pedido al Gobierno para que le envíe toda la información que haya reunido sobre el caso. También citó a declarar al periodista Horacio Verbitsky, quien realizó la denuncia inicial sobre el tema. La investigación va a considerar no sólo el entrenamiento de Córdoba donde los militares fueron fotografiados enseñando a torturar, sino todas “las prácticas de comando y de la Unidad Didáctica Resistencia como Prisionero de Guerra, Evasión y Escape” que se hayan impartido.
El fiscal Jorge Di Lello pidió que la investigación tuviera esa amplitud ante los indicios de que el aprendizaje y la aplicación de tormentos habrían sido producto de “una decisión centralizada”, y que estas actividades se habrían realizado en varios puntos del país.
La práctica de torturas en los entrenamientos de los comandos durante los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem fue revelada el jueves, cuando se conocieron unas fotografías que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entregó al Gobierno. Las imágenes corresponden a un entrenamiento realizado en el año 1986 en el paraje Quebrada de la Cancha, del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba. Ese tipo de instrucción se impartió también en las unidades castrenses de Misiones y Tierra del Fuego.
Los entrenamientos se realizaron de 1965 a 1990, y luego de una interrupción de cuatro años fueron retomados por algún tiempo en 1994. El lunes pasado, el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde presentó formalmente con el ministro de Defensa José Pampuro la denuncia penal para que se investigue lo ocurrido. El caso quedó en manos del juez Sergio Torres, pero hasta que termine la feria judicial será tramitado por Norberto Oyarbide.
Ayer, al impulsar la denuncia, el fiscal Di Lello solicitó al juez que pida informes al Ministerio de Defensa y al de Justicia. Al primero, para que las Fuerzas Armadas digan quiénes participaron de las actividades denunciadas y en qué períodos y lugares se hicieron. El área de Justicia deberá responder lo mismo sobre las fuerzas de seguridad.
La causa todavía no tiene acusados. El delito que se investiga es el de torturas y el criterio anticipado por el fiscal es que se deberá imputar a quienes hayan “decidido, dirigido o participado” de ellas. Por eso, la pesquisa deberá reunir las normativas y resoluciones administrativas que autorizaron estas prácticas.
Si bien entre las novedades de ayer no se mencionó el tema de la aplicación de corriente eléctrica a conscriptos, lo que se hacía con el mismo argumento de “templar el carácter” de los soldados, fuentes del juzgado dijeron a Página/12 que ese aspecto será “incluido” en la investigación. El último caso conocido hasta ahora se produjo en 1986, en la Compañía de Ingenieros de Montaña 6. En su momento hubo una denuncia penal que podría ser desarchivada en los próximos días.