El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín le revocó el arresto domiciliario al comodoro retirado Luis Tomás Trillo luego de certificar que el ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) salía a caminar impunemente por las calles de Liniers. Las fotos que pusieron fin al privilegio del represor de la Fuerza Aérea las presentó Abuelas de Plaza de Mayo y las tomó el fotógrafo Gaspar Galazzi, quien declaró en la audiencia de ayer. El abogado Guillermo Javier Miari intentó explicar que su cliente se vio obligado a salir por “una urgencia fisiológica del perro” (que también salió en la foto) pero no convenció a los jueces Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese. La violación del arresto hogareño de Trillo se produce mientras el gobierno nacional opera en las sombras para que los tribunales otorguen ese privilegio a procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y a horas de que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se pronuncie sobre el pedido del ex comisario Miguel Etchecolatz, con seis condenas en el haber.

Trillo es juzgado por los secuestros de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo junto con el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez, que ya fue condenado por la apropiación del hijo de la pareja. El ex jefe de la RIBA, donde funcionó un centro clandestino dependiente de la Fuerza Aérea, fue detenido y procesado originalmente por el juez federal Daniel Rafecas, que le otorgó el arresto domiciliario en Córdoba. Ante el comienzo del juicio oral, el TOF de San Martín autorizó su traslado a Buenos Aires, donde se aloja en el departamento de una prima hermana, en un monobloque del barrio Kennedy, en Liniers.

Tal como ocurrió con Emilio Massera en 2000, con el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Alberto Roque Tepedino en 2003, con el ex médico de la ESMA Jorge Magnacco y con el marino José Francisco Bujedo en 2013, y con el ex comisario mendocino Orlando Gerardo Gutiérrez en 2014, entre otros, son siempre militantes o trabajadores de prensa quienes descubren in fraganti a represores que en teoría cumplen prisión preventiva domiciliaria.

Esta vez el dato lo aportó una mujer que conoció gracias a las notas de prensa a su flamante vecino acusado por delitos de lesa humanidad, que lo veía subir y bajar de los móviles del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladaban a Comodoro Py pero también salir a pasear al perro o a sacar la basura. Desde Abuelas le pidieron al fotógrafo Galazzi, quien había ofrecido su colaboración al organismo, si podía hacer una guardia para confirmarlo. Así ocurrió: el jueves por la tarde se acercó hasta el barrio cercano a la cancha de Vélez y minutos después tomó las fotos de Trillo abrigado y con cara de poker junto a un perro negro.

Ayer, tras los alegatos de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Buenos Aires, los abogados de Abuelas relataron ante los jueces la denuncia recibida, mostraron las pruebas obtenidas y recordaron que el artículo 34 de la ley 24.660 establece que se debe revocar la detención domiciliaria cuando el detenido “quebrante injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado”. Como Galazzi estaba en la sala, los jueces aceptaron tomarle declaración, corroboraron los datos y observaron las fotos. El abogado Guillermo Javier Miari pidió entonces la palabra, admitió que su defendido “efectivamente salió de su domicilio” pero intentó explicar que fue por la “urgencia fisiológica del perro”: apuntó que “se pone nervioso y agresivo” cuando no lo sacan a defecar y aseguró que Trillo volvió raudo al departamento.

“Es una burla que los genocidas sigan gozando de privilegios mientras nosotras aún no sabemos qué ocurrió efectivamente con nuestros hijos y donde están nuestros nietos”, sostuvo Abuelas en un comunicado durante el cuarto intermedio que dispuso el tribunal. Una hora después los jueces volvieron a la sala, explicaron que no había ninguna duda sobre la violación del arresto domiciliario, que la excusa de Miari no era justificación válida, que los problemas psiquiátricos invocados para obtener ese beneficio años atrás bien pueden tratarse en los pabellones especiales del Servicio Penitenciario y pusieron fin al privilegio de Trillo, que ahora deberá pasar sus días en una cárcel común.