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El fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo de gas resucitó un debate que estaba dormido en el Congreso Nacional hace 7 años: la designación de un reemplazante para el último Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien abandonó el cargo en 2009. El parlamento debe realizar el nombramiento con el voto de los dos tercios de ambas cámaras, para lo cual se necesita sí o sí un acuerdo de Cambiemos con el resto de las fuerzas opositoras y especialmente con el numeroso bloque de senadores que conduce el peronista Miguel Pichetto. Ya comenzaron a circular dos posibles nombres, el cordobés Humberto Roggero, ex jefe de bloque de diputados del PJ durante el último tramo del menemismo y la Alianza y el de Alejandro Nató, un abogado especialista en mediación que se desempeña como coordinador de Oficina de Gestión de Conflictos de la defensoría. Desde el macrismo dejaron entrever ayer que esos nombres no generan resistencias.

La salida de Mondino para postularse como candidato a diputado opositor en Córdoba, dejó abierta una vacante que fue ocupada transitoriamente por el defensor adjunto, Anselmo Sella. Su mandato venció en 2013 y la defensoría quedó a cargo de Carlos Haquim, por entonces secretario general de ese organismo y actualmente vicegobernador de Gerardo Morales. Por el alto número de votos necesario para su nombramiento, la conducción de la defensoría nunca fue regularizada, pese a tratarse de un cargo con rango constitucional.

La Corte ahora exhortó al Congreso a que normalice la situación, dado que la Defensoría del Pueblo es el organismo que tiene que representar a los ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos. “No puede dejar de señalarse” que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación “se encuentra vacante, circunstancia que afecta negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios”, sostuvieron los integrantes del máximo tribunal y agregaron: “En las condiciones reseñadas y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido con el artículo 86 de la Constitución Nacional”. Varias ONG vienen reclamando desde hace años que se cubra esa vacante, en línea con lo que ayer dijo la Corte.

Primero deberá constituirse la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. Una vez designados sus 13 integrantes y sus autoridades, los diputados y senadores deberán aprobar un dictamen para que luego sea tratado por ambas Cámaras. En el macrismo aseguran que tratarán de avanzar pronto para cubrir la vacante, que les servirá para retomar su caballito de batalla a favor de la transparencia.