Ante la insistencia de sectores de la Justicia y del oficialismo que pretenden abrir una causa por la firma del Memorándum con Irán –que nunca entró en vigencia–, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que su par Claudio Bonadio puede reabrir sólo “a partir de nuevas pruebas” una investigación por la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman impulsó contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, porque “no podrían valorarse elementos que ya fueron valorados en la denuncia originaria”. Por otra parte, Rafecas también confió que “con viento a favor” antes de fin de año la causa contra José López por enriquecimiento ilícito será enviada a juicio.

“Lo que no podría hacer otro juez es volver a revisar los elementos de prueba que ya fueron revisados en tres instancias en el caso que a mí me tocó”, explicó el juez en diálogo con radio Vorterix. El magistrado precisó que envió el expediente a Bonadio porque no existen argumentos jurídicos para negar el traspaso, pero especificó que, en una eventual nueva pesquisa, “no podrían valorarse elementos que ya fueron valorados en la denuncia originaria”.

Sobre la situación procesal del ex secretario de Obras Públicas detenido in fraganti con nueve millones de dólares, Rafecas dijo que está “a la espera” de que el ex funcionario kirchnerista pida ampliar su indagatoria para explicar por qué dijo que el dinero hallado en su poder provino de la “política”. “Se trata de una referencia tan vaga y tan amplia y, además, con supuestas promesas de especificar un poco más a qué se refería, que estamos un poco a la espera de que se cumpla esto”, enfatizó Rafecas, quien, en una primera etapa, ya resolvió el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas durante los doce años de gobierno kirchnerista. Rafecas confirmó su intención de “imprimirle a este proceso la mayor velocidad posible” y dijo que habiendo “tomado todas las declaraciones testimoniales e indagatorias del caso, estamos trabajando a pleno en resolver la situación procesal de los imputados: López; su esposa, María Amalia Díaz; los empresarios (Andrés) Galera y (Eduardo) Gutiérrez y la hermana Inés Aparicio”.