EL PAíS › PROMUEVEN UNA CAUSA PENAL CONTRA GUILLERMO MARIJUAN

Al fiscal le cayó una denuncia

El diputado del FpV Rodolfo Tailhade denunció a Marijuán por su audio sobre CFK. Afirma que incurrió en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, amenazas y tráfico de influencias.

El fiscal Guillermo Marijuán sigue sufriendo las consecuencias de la filtración del mensaje en que se lo escucha decir “decile que la dejo al borde de la detención”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Al pedido de juicio político que ya pesa sobre él, Marijuán sumó ayer una denuncia penal en su contra. El diputado nacional de FpV Rodolfo Tailhade lo denunció por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, amenazas y tráfico de influencias. Para Tailhade, Marijuán “confiesa burdamente” en el audio que “su única finalidad” es encarcelar a la ex presidenta.

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, el mismo juez ante el cual Marijuán elevó el miércoles el pedido de indagatoria a Cristina Kirchner y a Axel Kiciloff en el marco de la causa por el supuesto ocultamiento de un informe del fondo buitre NML de Paul Singer sobre cuentas bancarias de Lázaro Báez y su entorno.

En la denuncia, Tailhade afirma que el audio filtrado “revela, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo” por parte Marijuán hacia la ex presidenta. “El fiscal se encuentra muy lejos de llevar adelante su función bajo criterios de objetividad. Su única finalidad es privar de la libertad a toda costa a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, sostiene.

Como parte de las medidas de prueba, Tailhade pide que se revisen los registros de llamadas entrantes y salientes del fiscal y del periodista Luis Majul –quien aseguró que el audio era un “off the record” y que estaba dirigido a él– entre el 21 y el 25 de agosto, y que el propio fiscal sea citado a declarar.

Para el diputado, las palabras de Marijuán “se encargan de dejar en claro la amenaza” de encarcelar a la ex mandataria, “con el agravante que, por injustificable, ese propósito no es lo que escribió y firmó en la causa”. En ese punto, Tailhade interpreta que el contenido del audio es intimidatorio, pero que no tiene correlatividad con las actuaciones del fiscal en el propio expediente al que hace referencia, lo que abre interrogantes sobre las razones que lo motivaron a actuar de esa manera. Las respuestas, para el diputado, están en el afán de Marijuán de reemplazar a Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de Nación y en su participación dentro de una “estructura ilícita”, una “comunión de intereses”, dirigida a poner tras las rejas a la ex mandataria.

La forma en que se dirige Marijuán hacia su interlocutor (“decile”) remite a “la participación de terceras personas”, afirma Tailhade. “Hay otros integrantes de esta estructura dirigida a encarcelar a la Dra. Fernández de Kirchner, que muestran su tarea al público en general, lejos del secreto con que pretendió hacerlo Marijuán. El audio nos permite obtener la certeza de que está respondiendo a una planificación, a un obrar concertado que prescinde de todo elemento probatorio en pos del objetivo”, dice uno de los apartados del escrito.

Por eso, el diputado argumenta que en el audio, Marijuán “confiesa burdamente” que su intención “no es investigar, conocer la verdad de lo sucedido o dilucidar la eventual comisión de un delito”, sino que persigue sacar provecho personal de su rol institucional, que a su vez pone a jugar en función de intereses específicos. “Eso, lamentablemente para el fiscal o los destinatarios de su mensaje es ilegal. No es lo que su función lo manda a hacer”, concluye.

Tailhade pide, además, investigar la “la temporalidad” en la que fue producido el audio. “La gravedad de los hechos se profundiza si fue emitido con anterioridad a presentar el pedido de indagatorias, extremo que debe formar parte trascendental de la investigación”, explica.

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El fiscal Guillermo Marijuán también enfrenta un pedido de juicio político.
Imagen: Guadalupe Lombardo
 
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