Con un proyecto de ley que lleva la firma de media docena de legisladores, organizaciones políticas y sociales le exigieron ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que declare la emergencia social, habitacional y económica en la ciudad de Buenos Aires. “La realidad social de la ciudad está tocando fondo”, advirtieron los responsables de la iniciativa, a la que entienden como “una herramienta imprescindible” para exigir un aumento del presupuesto para las áreas sociales y “medidas concretas para paliar la emergencia en que se encuentra la población porteña”.

Militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que responde al Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie, las dos CTA y agrupaciones barriales se concentraron ayer ante la Legislatura para acompañar desde la calle la presentación de un proyecto de ley que declara la “emergencia social” en materia laboral, habitacional, económica, impositiva, fiscal, de transporte, salud, educación, cultura y género. Además, la iniciativa exige que se conforme un comité de emergencia compuesto por representantes de los sectores involucrados.

Los legisladores firmantes del proyecto son Gabriel Fuks, del Frente para la Victoria; Gustavo Vera, de Bien Común; el socialista autónomo Adrián Camps; los peronistas María Rosa Muiños y Claudio Heredia; y Javier Gentilini, del Frente Renovador.

“Queremos soluciones reales”, advirtió desde la calle Marta Yané, de la CTEP. Según el primer artículo del proyecto de ley, la “emergencia social, habitacional y económica” tendría vigencia por dos años, tiempo durante el cual el Ejecutivo debería cumplir con las medidas propuestas en el resto del articulado para proteger y, en algunos casos, incrementar, la intervención estatal en diferentes áreas. Se trata de una propuesta que “contempla políticas sociales para los sectores más humildes de la Capital Federal”, resumió Walter Córdoba, de Barrios de Pie.

La iniciativa ordena al Ejecutivo porteño “asegurar” las raciones de alimentos asignadas a comedores comunitarios, así como duplicar el monto de los subsidios que se les brinda y abrir nuevos espacios. También exige la “suspensión de todo desalojo de inmuebles con fines de vivienda” así como de “los aumentos de tarifas de transporte” durante el plazo que rija la emergencia.

En los fundamentos del proyecto, las organizaciones advierten que en la ciudad hay “menor actividad económica y comercial, menor empleo, caída en las ventas y cierre de comercios, más despidos”, lo que genera “el achique en diversas áreas del Estado nacional”, hechos que “golpean a los sectores más humildes”. ¿El resultado? “El aumento de la pobreza e indigencia, incremento de la gente en situación de calle”, responden.

El proyecto de ley también plantea el incremento de la obra pública y la “elaboración de convenios con cooperativas de trabajo” para concretar las obras; la exención del pago de Ingresos Brutos a todos aquellos monotributistas sociales –los cooperativistas– y la creación de nuevas líneas de crédito para esos colectivos. Además, establece incrementos en partidas de salud, educación, urbanización y género, en donde denuncian “baja o subejecución” de fondos. “El hambre no espera –advirtió Luciano Nardulli, de la CCC–. Si no se aprueba la emergencia social, será hora de un paro general de todas las centrales sindicales.”