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Un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas, sindicatos y asociaciones de consumidores, cooperativistas y pequeñas y medianas empresas se preparan para movilizar este viernes, cuando comience la audiencia pública por la suba del gas. Con el objetivo de que la movilización exprese a la vastedad de sectores afectados por el tarifazo, la semana pasada hubo varios encuentros entre los dirigentes, promovidos por el bancario Sergio Palazzo, referente de la Corriente Sindical Federal, y el docente Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores.

La marcha en rechazo del tarifazo promete una pluralidad de representaciones sociales y políticas de la que carecieron otras movilizaciones que se sucedieron en los nueve meses de gobierno de Cambiemos, a excepción del 24 de marzo. En las inmediaciones de la Usina del Arte, sede de la audiencia, confluirán junto a la Corriente de Palazzo y la CTA de Yasky, la CTA autónoma de Pablo Micheli, organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Izquierda, y el Movimiento Evita. A lo que se suman el conjunto de federaciones de pymes, fábricas recuperadas, y entidades culturales y clubes de barrio agrupados bajo sellos como Articulación Popular y la Multisectorial contra el Tarifazo.

La movilización está en la agenda de las organizaciones desde que el fallo de la Corte obligó al Gobierno a cumplir con el trámite como condición para concretar el tarifazo. “Lo planteamos en el plenario de unificación de la CGT. Para nosotros el tarifazo se encuadra en un problema mucho mayor que es el ajuste y la pérdida de puestos de trabajo”, relató a este diario el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, uno de los dirigentes del espacio. Para la Corriente Federal, la marcha del viernes se inscribe dentro de un plan de lucha escalonado que, consideran, debe decantar en un paro general. Esa idea proponen dentro de la CGT, en compañía de ambas CTA.

El jueves, la Corriente Sindical Federal y la CTA de Yasky se reunieron para lanzar públicamente la convocatoria a movilizar. Anunciaron la adhesión del sector de Micheli, fijaron el punto de encuentro en Brasil y Azopardo para las 11 de la mañana y presentaron al equipo de técnicos que disertará durante la audiencia, algo que harán todos los espacios que marchen el viernes (ver aparte). “Nuestra postura no será únicamente en rechazo al aumento, sino que pondremos el eje en que el Estado debe controlar la extracción, la distribución y la comercialización para salir de la crisis energética”, señaló Amichetti.

El referente de los gráficos auguró “un número muy importante de trabajadores” que aportarán los 30 gremios que conforman la Corriente más algunos otros sindicatos de la CGT que vienen de sumarse hace una semana de la Marcha Federal a Plaza de Mayo. La flamante conducción de la central sindical unificada aún no confirmó si movilizará.

El viernes, a la salida de una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de la que se fueron “con las manos vacías”, Yasky y Micheli recibieron a referentes de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Además de coincidir en la necesidad de “fortalecer un frente de lucha unificado” a futuro, ultimaron detalles organizativos. Las organizaciones sociales concentrarán en el Parque Lezama y confluirán con la columna sindical en las inmediaciones de la Usina del Arte.

“En un contexto de recesión, aumento de precios, pérdida del poder adquisitivo y de puestos de trabajo, el tarifazo viene a sumar otro palazo en la cabeza del pueblo. El gobierno debe rever los términos del aumento. Por eso el rechazo es unánime”, sostuvo el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Barrios de Pie viene de llenar cien esquinas de ollas populares y de instalar la “carpa de la pobreza” frente al Centro Cultural Kirchner. “No nos recibió ni nos llamó ningún funcionario”, es el balance que hace Menéndez tras la medida de fuerza. Las últimas movilizaciones populares fueron calificadas por el Gobierno como intentos desestabilizadores. “Esa postura no resiste ningún análisis. Los cuestionamientos al gobierno son completamente genuinos, y tienen que ver con que se está mal, cada vez peor. Cuando uno intenta desestabilizar hay una intención oculta, acá hay algo genuino que es la necesidad de la gente”, explicó el dirigente.

El Frente de Izquierda también será parte de la movilización. El PTS, el PO e Izquierda Socialista ultimaban detalles para confluir en una columna común, a la que sumarán cortes de calle y concentraciones en varias provincias del país. “Vamos a salir a la calle a denunciar que el nuevo cuadro tarifario está acordado con las corporaciones”, sentenció la diputada Miriam Bregman. Desde el PTS presentaron, además, medidas judiciales en Córdoba, Neuquén y Santa Fe para impugnar la audiencia. La postura de la izquierda es que el carácter no vinculante de la audiencia y las reuniones que mantuvo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con diputados, senadores y gobernadores, terminó por clausurar cualquier posibilidad de participación ciudadana en el diseño de la nueva tarifa. “Le quieren hacer pagar a todo el pueblo el vaciamiento de los últimos años. Nadie sabe qué hicieron con los subsidios que recibieron”, graficó la diputada.

Marcharán, también, por lo menos las 20 cooperativas del área metropolitana organizadas en Facta. Su presidenta, Silvia Díaz, trabajadora de la cooperativa La Cacerola, surgida al calor del verano asambleario de 2002, sostuvo que su objetivo es “visibilizar la realidad de las fábricas recuperadas” que no fueron contempladas por el fallo de la Corte. “La recesión ya está afectando de manera muy fuerte a las recuperadas por la caída de las ventas y aumento de los insumos debido al golpe inflacionario que conocemos y que no podemos trasladar al precio. Los tarifazos se sumaron a ese panorama y provocaron que hayamos tenido que retirar nuestros salarios para mantener la cooperativa y en muchos casos está la posibilidad de no continuar en pie”, describió.

Informe: Matías Ferrari.