Con una amplia mayoría que incluyó a Cambiemos, el Frente para la Victoria-PJ y el Frente Renovador, entre otras fuerzas, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a los tres poderes del Estado a brindar información a todo ciudadano que la solicite en un plazo de quince días. Con 182 votos a favor y 16 en contra, el macrismo logró aprobar su proyecto original y revertir los cambios que habían introducido en la Cámara de Senadores el FpV-PJ y el bloque que responde a Sergio Massa. De este modo, para ser director de la futura Agencia de Información Pública no será necesario contar con acuerdo del Senado y no será impedimento haber ejercido cargos electivos o partidarios, y quedaron excluidas de la obligación de dar información las empresas con participación estatal que coticen en Bolsa.

La ley era una vieja deuda del Congreso, reclamada por ONG y asociaciones civiles, tratada varias veces en ambas cámaras legislativas pero nunca hasta ayer con el consenso suficiente. La obligación de brindar información regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados y descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado. La ley crea un órgano de aplicación por cada poder del Estado, con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso, y la Agencia ante la cual cualquier persona tendrá derecho a pedir y recibir información.

El interbloque de Cambiemos logró ayer incorporar al temario el debate del proyecto sobre tablas, ya que no contaba con dictamen de comisión y necesitaba dos tercios de los votos para incluirlo en la sesión e insistir con la redacción original. El proyecto había obtenido media sanción en Diputados el 18 de mayo último, con 229 votos afirmativos. La semana pasada, cuando el macrismo se aprestaba a aprobarlo sin cambios en el Senado, el FpV y el Peronismo Federal plantearon críticas que se tradujeron en la aprobación de un proyecto distinto, con 44 votos contra 15 macristas: por un lado, se establecía la obligación de remitir al Senado el pliego del candidato a director de la Agencia, que será propuesto por el Presidente y durará cinco años en el cargo; por otro, se quitaba la prohibición de candidatearse a quienes hubieran ocupado cargos electivos o partidarios; y a partir de un proyecto de la neuquina Lucila Crexell se modificaba además la exclusión de la obligación de dar información a las empresas con capital estatal que cotizan en bolsa como YPF.

Los tres cambios fueron anulados ayer por 182 diputados. En contra de la norma finalmente aprobada se pronunciaron el Frente de Izquierda, el interbloque Progresistas GEN de Margarita Stolbizer, Libres del Sur, el Partido Socialista y el Frente Cívico por Santiago.

“Es un éxito de todos tener finalmente una ley de acceso a la información, aunque es una pena que no se mantuviesen las modificaciones”, lamentó el senador Juan Manuel Abal Medina. La radical Karina Banfi consideró que “las modificaciones del Senado no son de fondo”; destacó que la ley corre para los otros dos poderes y que “la Corte Suprema va a tener que presentar las declaraciones juradas (de sus miembros) y además las va a tener que publicar”.