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El show de efedrina, que enfrenta al desplazado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue sumando capítulos de escándalo. Ayer, las huestes de Bullrich entregaron en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría una carpeta que demuestra que los 250 kilos de pseudoefedrina se trajeron en forma legal, con el trámite correspondiente, y que no ameritaban el espectáculo de fuegos artificiales protagonizado por Gómez Centurión. En forma paralela, el empresario Hugo Sigman envió una carta personal a sus amigos en la que contó que el laboratorio Chemo, titular de la pseudoefedrina que estaba en Ezeiza, es una empresa con 5.500 empleados con 20 plantas industriales. Sigman es uno de los accionistas de la firma y se asombró de la forma en que el caso fue magníficado. “Esto tiene en mi un impacto personal –señaló Sigman–. Ya me tuve que ir del país en 1976. Quiero vivir en la Argentina y contribuir a un país donde se imponga el bien común por sobre aquellos que sólo tienen intereses oscuros”.

El expediente que ayer Bullrich le mandó a Servini de Cubría proviene de la Dirección Nacional de Precursores Químicos y confirma todo lo expuesto por Sigman desde un principio. Que Chemo envió la pseudoefedrina desde Suiza a Paraguay en 2011. Hubo una escala en Francia, donde no se presentó objeción alguna y en Buenos Aires el envío fue frenado sin explicación por la Aduana. El químico iba a ser utilizado por un conocido laboratorio paraguayo, Comfar, para la fabricación de Agripas Plus, un antigripal.

Sigman reveló que se le pidió a la Aduana varias veces el tránsito de la pseudoefedrina a Paraguay y nunca hubo respuesta hasta que dos años más tarde, en 2013, la Aduana informó, sin explicación alguna, que la mercadería sería confiscada. “Desde ese momento, la mercadería pasó a ser propiedad del fisco y la Aduana es la que debía definir su destino –explicó el empresario–. La publicación hace una semana en el Boletín Oficial pidiendo que el dueño la pase a buscar demuestra que no había ninguna razón para haberla retenido”.

El expediente y la carta de Sigman demuestran que no se trató de ningún envío clandestino, entre otras cosas porque venía declarado como pseudoefedrina: no llegó oculto ni con otra denominación. Al estar oficializado, no se necesitaba del supuesto anónimo que esgrimió Gómez Castañón para denunciar que el envío estaba ahí. Y tampoco se entiende por qué la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que depende de Bullrich, no informó en mayo a la justicia de la existencia de los toneles.

Lo único claro parece ser la utilización del episodio para una guerra entre Gómez Centurión, Bullrich, los servicios de inteligencia y las mafias de la Aduana. Todos compitiendo por espacios de poder político y económico tanto en la Aduana como en la Agencia Federal de Inteligencia.