Las familias de Luis Pablo Steimberg y Luis Daniel García denunciaron a Reynaldo Bignone, integrante de última junta militar del golpe, por la desaparición de los dos colimbas, cuando el olor a podrido de la última dictadura cívico militar todavía podía sentirse en las calles de todo el país. Era 1984 y la denuncia desembocó en la primera razón para investigar al genocida que por estos tiempos colecciona condenas por crímenes de lesa humanidad. Ayer, 32 años después, Bignone comenzó a ser juzgado por estos hechos.

Los años, sobre todo los que vinieron tras la caída de las leyes de impunidad, permitieron sumar pruebas, casos y responsables. A las desapariciones de García y Steimberg se sumó la del soldado Mario Molfino y el secuestro de otros tres que, como ellos, pasaron por el centro clandestino de detención El campito. Junto con Bignone están siendo juzgados Santiago Riveros y otros cuatro ex integrantes de fuerzas militares y de seguridad. El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal de San Martín.

Steimberg, García, Molfino, Roberto Britos, Sergio García y Hugo Carvallo fueron secuestrados en 1976 mientras cumplían con el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de El Palomar. Una noche de agosto de 1976, Steimberg tuvo una reunión en el bar La Paz, en pleno centro porteño, con Molfino. Un testigo vio cómo era metido por la fuerza a un auto por un grupo de personas armadas. El testigo recogió de la calle los documentos de Steimberg y se los entregó a su papá, Jaime, que nunca más supo de su hijo, que fue visto en El Campito, al igual que Molfino y García. Según informa el Serpaj, en su confesión, el suboficial del Ejército Víctor Ibáñez dice que García integró uno de los vuelos de la muerte.

Britos, García y Carvallo, en tanto, sobrevivieron al encierro y a la tortura. Por esos delitos comenzaron ayer a ser juzgados Bignone, que fue director del Colegio Militar entre 1976 y 1977; Riveros, en calidad de Comandante de Institutos Militares; Carlos Somoza, que ofició de civil de inteligencia del Batallón 601; los ex teniente primero y jefe de compañía del Colegio Militar en 1976 y 1977, respectivamente, Alberto Federico Torres, Jorge Teodoro Alvarado, y el gendarme Hugo Miguel Castagno. Este último ejerció, junto a Julio San Román –quien no llegó a juicio por haber fallecido el viernes pasado–, la jefatura de El Campito.

En la audiencia de ayer, la defensora de Torres, Mariana Barbita, pidió la nulidad de la elevación a juicio, cuestionó la calificación del delito de “homicidio” -que le cabe a su defendido por los casos de Steimberg, García y Molfino- por la ausencia de cuerpo y advirtió sobre el riesgo del “derecho a defensa” por las dificultades que representa en “viáticos” trasladarse para entrevistar a su defendido. Por su, parte, la fiscalía respondió que los incidentes fueron resueltos con anterioridad.

En tanto, ninguno de los acusados hizo uso de la palabra, ofrecida ayer tras la lectura de la elevación a juicio, que comprende además de la causa que investiga el secuestro y la desaparición de conscriptos durante la última dictadura, otro expediente que repasa el asesinato de Floreal Avellaneda, el adolescente de 15 años cuyo cadáver apareció en las aguas del Río de la Plata y el secuestro de otras cuatro personas que sobrevivieron. Por esos hechos se juzgará a Riveros y a Mario Rubén Domínguez, quien se mantuvo prófugo hasta hace poco más de dos años. Domínguez se hacía llamar “Escorpio” durante su actuación en El Campito. Fue detenido en abril de 2014 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Córdoba.