La Sala II de la Cámara Federal confirmó el embargo preventivo de ochenta inmuebles de Lázaro Báez, sus allegados y su grupo empresario y la inhibición general sobre veinte empresas también ligadas a él, con la sospecha de que a través de ellas se canalizó dinero surgido de ilícitos. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron así la decisión del juez Sebastián Casanello, que apunta a proteger los bienes en miras a cumplir con los compromisos económicos que pudiera generar una eventual condena.

La Cámara afirma que la inhibición de bienes es “razonable y oportuna”. Dice que “la estructura societaria de la que formaban parte” se utilizaba “para canalizar fondos que nada tenían que ver con su actividad”. El objetivo, señala, es evitar “que se consolide su provecho” y “obstaculizar la impunidad de sus partícipes, sujetándolos al avance de la pesquisa y así establecerlos como una garantía ante una eventual condena de carácter pecuniario”.

A la vez hace notar que un problema que se podría derivar de la inhibición general es que altere el desarrollo de la actividad empresarial, porque al impedir el uso de las cuentas bancarias y los fondos las empresas quizá no puedan afrontar gastos de funcionamiento elementales como el pago de salarios. Para evitar esto, le sugiere al juez que busque otros mecanismos.

Báez está detenido desde el 5 de abril y está procesado, al igual que su hijo Martín, por lavado de dinero “que realizaron en nombre propio pero también a través del grupo empresario que conformaron”, según el fallo. En rigor, además, ya estaba inhibido por 800 millones de pesos. Lo que sucede, dice el tribunal, es que siguen apareciendo nuevas propiedades a medida que avanza la investigación.

Uno de los procesamientos de Báez es por los 5,1 millones de dólares detectados en una filmación dentro de la financiera SGI, que aparecía contando su hijo y que él asumió como propios. El otro procesamiento es por la operatoria de Helvetic Service Group, que servía como canal de dinero que los Báez sacaban del país y volvía a ingresar. Casanello todavía espera información sobre cuentas en el exterior, accesibles a sus hijos y analiza el ocultamiento de dinero a través de compras de empresas y propiedades.

La Cámara avaló también de manera provisoria la inhibición general de bienes de otras dos personas que están bajo sospecha, y que aparecen vinculadas a dos empresas de Nevada, Estados Unidos. De todos modos, recomendó que la Unidad de Información Financiera (UIF), otras querellas y el fiscal Guillermo Marijuán realicen medidas de prueba para confirmar esas relaciones con las maniobras investigadas.