“María Amelia Expucci fue víctima, cuanto menos, de una detención ilegal”, afirma el dictamen de la fiscal Pamela Ochoa en el que pide la indagatoria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani. Expucci es la secretaria de ese tribunal a quien el camarista ordenó detener en la mañana del 28 de julio, cuando ella se negó a inventariar el contenido de unas cajas arrumbadas en una sala de audiencias, con material que había enviado el Ministerio de Planificación Federal en la gestión de Julio De Vido. La mujer pasó casi dos horas presa e incomunicada en el destacamento policial. La liberó el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde Gemignani la había denunciado por desobediencia. Luego ella se animó a denunciarlo a él. Ahora el juez Rodolfo Canicota Corral debe decidir si cita a su colega.

El dictamen de Ochoa afirma que: “Existió una orden infundada de detención e incomunicación impartida” por Gemignani respecto de Expucci; no hubo “ningún elemento objetivo que validara el accionar del juez, como así tampoco el de los funcionarios policiales que –sin objeción o cuestionamiento alguno– acataron la orden verbal infundada, respecto de la cual no se arguyó ninguna motivación más que la supuesta desobediencia de una empleada judicial en un ‘procedimiento’ de inventario de unas cajas”; “esa orden de detención solo puede ser entendida como una situación de abuso de poder en una relación desigual” que remite a los “lamentablemente no superados patrones culturales de violencia hacia las mujeres”. La fiscal se basa, además, en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres y las convenciones internacionales sobre violencia y la discriminación contra las mujeres.

Según Ochoa, la detención es ilegítima no sólo por infundada y por resultar un uso abusivo de poder, sino porque Gemignani dio una orden sin ser el juez competente que podía analizar medidas a tomar. Al contrario, es quien la denunció porque no le obedecía, advierte al fundamentar las razones del pedido de indagatoria.

A lo largo de la investigación, declararon otros empleados y funcionarios de Casación que también habían sido convocados por Gemignani y presenciaron lo sucedido. El juez pretendía aquella mañana de julio, según los relatos, que Expucci hiciera un inventario de los materiales que había en unas cajas en una sala que se usaría para una videoconferencia. Ella le dijo que no era una tarea para hacer en la feria judicial y que, además, no correspondía a sus funciones. Además, dependía de otro juez, Eduardo Rigió, y señaló que haría falta su autorización. Varios testigos hicieron referencia a una frase de Gemignani, dirigida a todos los presentes: “Cualquier funcionario o empleado que entorpezca o se interponga en estas actuaciones será detenido”.

Según testimonió otra secretaria, Carolina Dragonete, Gemignani le había dicho días antes que quería inventariar las cajas en cuestión, pero que nadie se debía enterar y que debían hacerlo entre las 19 y las 21. Ella se negó. Después de eso intentó con Expucci. Las cajas en cuestión estaban vinculadas con una pelea interna en la Cámara, ya que el material había sido donado por Planificación y Gemignani apuntaba a responsabilizar a su colega Ana María Figueroa por recibirlo de manera irregular. Por esto se abrió una investigación.

Cuando el juez Martínez de Giorgi cerró la denuncia del juez contra Expucci por inexistencia de delito, éste le hizo otra denuncia por supuesto encubrimiento de algún supuesto delito vinculado con el material de Planificación. También fue rechazada. Ahora es Gemignani el que podría ser citado a indagatoria.