La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) y la Asociación 18J de Familiares y Amigos de las víctimas de AMIA emitieron una declaración conjunta en la que expresaron que “la ley para echar a (la Procuradora Alejandra) Gils Carbó es un acuerdo para echar a los fiscales de la Unidad AMIA”. A su criterio, “la reforma prevista a la ley del Ministerio Público está puesta en el camino de reforzar la impunidad que nos trajo hasta acá”. Ambas agrupaciones se sumaron a las críticas a la iniciativa que expresó Memoria Activa.

“El gobierno nacional y los principales líderes de los partidos oficialistas y ‘opositores’ llegaron a un acuerdo para que el Congreso vote de inmediato una ley que reforma el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y termine con su independencia formal, reconocida en la Constitución Nacional”, expresaron. Las agrupaciones enfatizaron que “el proyecto de reformas crea una ‘Procuraduría de Terrorismo’ que responde más a las viejas exigencias de la embajada de Israel y de la DAIA”.