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En su negociación de la deuda, el Gobierno concedió al FMI el trato de acreedor privilegiado, por lo menos en cuanto a la quita. El Fondo tomó el acuerdo y planteó con dureza las llamadas metas. En ese punto, el Gobierno no fue tan permisivo y logró bajar algunas y eliminar otras. Tras cartón, el Fondo se asumió como vocero de los acreedores privados y en las últimas dos revisiones trató de imponer cláusulas relacionadas con la negociación de la deuda privada. Introdujo puntos que no figuraban en la agenda original y cuya incorporación entorpeció la discusión y la llevó al borde de un nuevo default.
Esta situación se planteó dos veces y no hay razón para que no se repita de aquí en adelante. Si el Gobierno pensó que podía llevar esta negociación en dos frentes separados (la deuda con los organismos financieros y la deuda privada), la actitud de Fondo demuestra que no está dispuesto a seguir ese camino.
En algunos países, como Italia o Alemania, la deuda argentina pasó a ser parte del juego electoral y determina que los gobiernos de esos países endurezcan sus posiciones para defender a “dentistas” y “jubilados” que entregaron su dinero a bancos o fondos de inversión que jugaron ese capital en la ruleta rusa de los bonos de la deuda argentina. Y estos gobiernos presionan en el directorio del Fondo.
Así, lo que empezó como dos negociaciones separadas comienza a confluir en una sola. Porque si el Fondo, rompiendo la agenda original, introdujo la discusión de la deuda privada en la negociación de la suya, el Gobierno estará obligado a seguir ese rumbo y rever también aquel acuerdo inicial que le dio el suficiente oxígeno para estos nueve primeros meses de gestión y que al Fondo le garantizó que cobrará su deuda completa.
Tiene lógica porque en realidad la plata para pagar también sale de un solo lado. Y si para pagarle todo al Fondo necesita plantear una quita del 75 por ciento a los otros, si quiere darles más a los otros tendrá que sacarle algo al Fondo.
Algo similar sucede con la deuda privada. Es falso e interesado hablar de dentistas y jubilados cuando los que especularon con el dinero de ellos fueron en su mayoría bancos y fondos de inversión que jugaron ese capital con altísimo riesgo transgrediendo leyes que norman su actividad. Ya hay juicios contra ellos en Alemania, Italia y en otros países. Allí, la deuda argentina es un problema institucional, ya que sus leyes fueron transgredidas. Si fueran realmente serios, esos gobiernos deberían asumir la responsabilidad institucional que les toca y hacérselas asumir también a las financieras locales. Una parte de la quita que está obligado a aplicar el Estado argentino tendría que ser absorbida por ellos para disminuir el impacto entre sus dentistas y jubilados.
La deuda argentina es monumental y un absurdo de la economía. Si se mantiene la actitud de pretender que semejante desatino planetario es responsabilidad exclusiva del Estado argentino, será difícil bajar esa quita del 75 por ciento. Si el Fondo asumiera su parte de responsabilidad –y por lo tanto su parte en los costos– de esa política de endeudamiento suicida, y si los gobiernos asumieran también la suya, seguramente la quita podría ser sensiblemente menor. Para Argentina, la negociación plantea opciones muy claras: si no paga, tendrá que afrontar problemas muy graves. Pero si paga lo que le exigen, los problemas serán peores todavía.