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Ni vencedores ni vencidos. En el Palacio de Hacienda prefieren ver las cosas de ese modo. Creen que toda esta pulseada por obtener en tiempo y forma la aprobación de las metas correspondientes a la segunda revisión fue, simplemente, salvar un obstáculo. Ahora el camino sigue hacia la confrontación central, cuando en septiembre el Gobierno deba rediscutir con el FMI las metas presupuestarias y definir los límites con los que el Gobierno se deberá desempeñar en 2005 y 2006, nada menos que el tramo final del mandato de Néstor Kirchner. Desde el mismo martes a la noche, el día que Argentina pagó y evitó el default, Economía puso en marcha su estrategia para esta etapa, centrada en avanzar “lo más rápido posible” en un acuerdo con los acreedores. Para ello, suponen, deberán desarmar los argumentos de los propios grupos de bonistas, el Grupo de los 7 y el FMI que descalifiquen la oferta de reestructuración de deuda y que apunten a un mayor sacrificio fiscal al país. Habrá novedades, en materia de condimentos de la oferta y en los argumentos a esgrimir. La única verdad es la realidad, dice el viejo apotegma. Pero con adversarios tan poderosos, difícilmente alcance.
“Ustedes no pueden comparar a la Argentina con Brasil y pedir que tengamos un superávit similar, como proporción del PIB. Hay diferencias sustanciales entre tener un sistema previsional estatal o privado, una petrolera estatal o privatizada. ¿Ustedes sugieren que reestaticemos YPF? Porque así, sí, subiría sustancialmente el superávit.” La argumentación, casi en tono de chicana, fue enarbolada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, frente a un par de Finanzas de uno de los países miembros del Grupo de los 7 pocos días atrás y forma parte del “escudo antimisiles” que el Palacio de Hacienda empieza a armar, con vistas a la dura renegociación de pautas con el Fondo del mes de septiembre.
En el Gobierno evalúan que ya está prácticamente recuperado el terreno perdido por el recambio en la cúpula del Fondo. Desde la óptica de Economía, con Horst Köhler se había alcanzado un nivel de relación que, súbitamente, se diluyó cuando Anne Krueger lo reemplazó, justo en las instancias definitorias de la segunda revisión del acuerdo de septiembre pasado. “Fueron 48 horas terribles, hasta que en el Fondo se reacomodaron internamente”, describen en el Palacio de Hacienda lo sucedido entre jueves y sábado últimos. “Finalmente, el acuerdo se cerró en términos muy parecidos a los que estaban planteados antes de la salida de Köhler”, resumió la fuente oficial.
Superada la instancia del vencimiento con el Fondo, el Ministerio de Economía puso en marcha en la noche misma del martes su estrategia de aquí a septiembre. Roberto Lavagna desearía llegar a esa fecha contando con un preacuerdo sobre la propuesta de reestructuración de la deuda en default. Para ello, ese martes giró una nueva invitación a los 21 grupos de bonistas con los que el Gobierno ha tomado contacto invitándolos a venir a la Argentina entre la última semana de este mes y la primera quincena de abril, a fin de participar en reuniones informativas. La instrucción que dio el ministro a sus asistentes directos en el tema –Guillermo Nielsen y Leonardo Madcur– fue “avanzar todo lo posible entre mayo y junio”. El compromiso adoptado ante el Fondo es formalizar la propuesta antes de septiembre; el reclamo de Lavagna a los suyos es tener “todo resuelto” antes de julio.
La pelea, sostienen, será cara a cara con los representantes del G-7, grupo de países industrializados que asumió, claramente, el rol de lobbistas de los tenedores de bonos y, por extensión, de los mismísimos fondos buitre. Desde lo discursivo, Economía seguirá rechazando la postura de operadores y medios financieros internacionales de que la quita efectiva (como valor presente neto) supera el 90 por ciento. “Es fruto de una confusión o, directamente, existe la intención de generar presión para que la propuesta argentina sea rechazada en masa”, creen en el Palacio de Hacienda. Los representantes de Economía insistirán –incluso ante lospropios bonistas que se acerquen al país– en que el resultado final será muy parecido al cobro del 25 por ciento de sus acreencias nominales, cualquiera sea el método de cálculo que se emplee.
Para ello, el bono con ajuste en función del crecimiento de la economía argentina dejará de ser una opción más y, en cambio, se incluirá como un plus a cualquier variante de título que se elija del menú. Con un crecimiento que se mantenga en el tiempo en un nivel cercano a lo que podría ser una tasa de interés atractiva –5 o 6 por ciento promedio, por ejemplo–, prácticamente queda eliminada la diferencia antes señalada entre valor presente y valor nominal.
Hoy por hoy, “no aparece en el horizonte” la posibilidad de ofrecer plata fresca a los acreedores privados. Es decir, un anticipo en efectivo al momento de firmar la reestructuración. De la forma en que lo señalan los funcionarios de Economía, hay que interpretar que esa alternativa no está totalmente descartada, aunque todavía no forme parte de las negociaciones entre las partes. Economía, sin embargo, todavía apuesta a jugar otra carta para hacer atractivos los nuevos bonos: otorgarles una garantía confiable. ¿Comprometiendo la recaudación impositiva, como intentó alguna vez Cavallo? ¿Con apoyo del Tesoro de Estados Unidos, como se pretendía en otros tiempos para respaldar la dolarización? No está dicho y es un secreto bien guardado, por ahora, en el Palacio de Hacienda.
Las anteriores reestructuraciones de deudas soberanas –Rusia y Ecuador– alcanzaron altos niveles de adhesión de los acreedores, pero con un pago “cash” integrando la oferta. Sin ese anzuelo, Lavagna aún cree posible recoger más de un 50 por ciento de adhesiones entre los acreedores.
Tanta trascendencia le ha otorgado el ministro a tener “lo más rápido posible” lista la propuesta para los acreedores que, en el medio de la pulseada con el Fondo, se hizo cargo personalmente de otra disputa interna, y nada menos que con el propio presidente de la Nación. Néstor Kirchner planteó la necesidad de que cualquier conflicto con los bancos asesores en la colocación de los nuevos títulos se resolviera en tribunales nacionales. Los argumentos le habían sido sugeridos por economistas y abogados que adhieren a su figura desde afuera del Gobierno. Y, obviamente, guardan diferencias con Lavagna. Este le respondió que en cualquier contrato internacional, como el de los bancos asesores, la jurisdicción se fija en tribunales del exterior. Y que el mismo criterio debería seguirse al lanzar los nuevos bonos. La disputa duró un par de semanas, en las que la relación entre ambos llegó a momentos de gran rispidez. Pero, finalmente, Lavagna lo disuadió. Antes que tener que enfrentarse con el FMI y los acreedores por ese tema, el ministro prefirió soportar la carga interna y llegar más aliviado a la próxima instancia. Lo logró. Quién sabe a qué costo.