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Un empleado de la secretaría administrativa del Consejo de la Magistratura tendrá que devolver cerca de 60 mil pesos que cobró por desarraigo. Así lo resolvió el Consejo de la Magistratura ayer, a raíz de que se comprobó que si bien cuando el funcionario se incorporó al cuerpo tenía domicilio en Córdoba, lo cambió a Capital Federal en el año 2000. Es un caso peculiar ya que, en realidad, en el Consejo todo el mundo sabe que su familia vive efectivamente en territorio cordobés y que él viaja allí con frecuencia. Es decir, creen que cambiar su dirección en el documento fue una torpeza (lo hizo, al parecer, para facilitar la compra de un auto) y que por las normas vigentes le corresponde cobrar un plus. Aun así, la mayoría de los consejeros decidió sancionarlo en miras a que se investiguen los 23 casos de personas que cobran el mismo tipo de beneficio en el Consejo, que representa el 35 por ciento en sueldos de más de 2500 pesos en su mayoría. Sospechan que en muchos casos hay abusos. Se hará auditoría para establecer los domicilios reales y cómo utilizan los pasajes que paga el propio Poder Judicial. La administradora general de la Magistratura, Cristina Akmentins, deberá informar sobre su propia situación: ella cobra alrededor de 1700 pesos por desarraigo. La diputada y consejera Marcela Rodríguez presentó ayer un proyecto para modificar el régimen de desarraigo: propone eliminar ese régimen para quienes tengan cargos permanentes y, en el caso de los contratados, deberán demostrar con más pruebas que su DNI que viven efectivamente en el interior.