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¿A quién votó Kirchner en las elecciones presidenciales de 1983? Kirchner y sus acompañantes justicialistas en el acto de la ESMA votaron, salvo que aclaren lo contrario, un candidato cuyo nombre era Italo Luder, caracterizado por declaraciones borrosas excepto en un tema: consideraba que la ley de autoamnistía promulgada, in articulo mortis, por la dictadura tenía valor jurídico y no podría ser anulada por el futuro gobierno democrático. No me hubiera acordado de esto si los acontecimientos que rodearon los actos del 24 de marzo y el sectarismo que los caracterizó, no lo hubieran traído a mi memoria. Si se acusa a Felipe Solá por haber sido ministro de Menem, Alberto Fernández deberá sentirse agradecido de que sólo formó en la tercera línea del equipo económico de ese mismo gobierno. No me importan las peleas entre justicialistas, pero me interesa, en cambio, la lógica de la exclusión.
Algunos están demasiado excitados. Y le toca al Presidente encabezar esa lista. Durante décadas participé en los actos del 24 de marzo. Este año fue la excepción, justamente este año en el que Kirchner, en dos gestos que lo honran, despojó a las paredes del Colegio Militar de los retratos de los dictadores y recuperó para todos los argentinos el predio donde funcionó el campo de tortura y muerte llamado ESMA. Y no fui a ese acto precisamente por algunos de los motivos que provocan el entusiasmo de quienes estuvieron allí. Trataré de explicarlos.
Creo, en primer lugar, que la organización de un acto de esa trascendencia que involucra el pasado y el futuro de todos los argentinos no puede ser confiado al veto de las organizaciones de derechos humanos. Ellas hicieron posible que Alfonsín ordenara, en diciembre de 1983, el juicio a las Juntas militares. Y ellas mantuvieron abierta la cuestión después de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final, y el indulto. Hecho este reconocimiento de la tenacidad de las organizaciones, no es igualmente necesario que ellas se conviertan en “militantes de Estado”, una especie de nomenklatura progresista que decidió todo en un acto destinado a inaugurar una política de largo plazo y lo más amplia posible. Y cuando digo amplia, digo simplemente que represente a todos los que piensan que el terrorismo de Estado es un crimen de lesa humanidad incomparable con cualquier otro hecho de violencia. Deben convivir y disentir en ese espacio quienes piensan que en los años ‘70 sucedió una masacre de jóvenes idealistas y quienes piensan que en la Argentina se desató también una violencia revolucionaria que, en el caso de algunas agrupaciones, fue terrorista. Es imprescindible que ambas visiones de la historia de los ‘70 puedan coexistir en un acto organizado por el Gobierno. Muchos de los que venimos de la izquierda revolucionaria tenemos un juicio diferente sobre nuestro pasado que el que enuncian algunas organizaciones. Así es el paisaje del pasado en el espejo del presente.
En segundo lugar, no sólo por el poder de veto que tuvieron los organismos de derechos humanos, el acto me dejó afuera. También por el rasgo personalista con que el Presidente decidió inaugurar una nueva etapa. Es un juego de repeticiones: el justicialismo se siente invariablemente fundador de un nuevo Estado, y el jefe que lo funda se siente autorizado a que sus deseos se conviertan en ceremonias de ese Estado.
Parece increíble después de todo lo vivido, pero los presidentes se dan los gustos. Kirchner quiso recorrer la ESMA como si fuera uno más de los que allí sufrieron, leer los poemas de una ex compañera de militancia, bañarse en la prístina luz de los intocados como si en vez de un político audaz y decidido fuera (milagro por un día) el familiar de un desaparecido o un viejo y oscuro militante. Llegar a la Presidencia, esto lo sabemos los argentinos por una experiencia triste, no debe ser la ocasión para que el jefe se dé los gustos sino para que sea gobierno y represente, más allá de su subjetividad que debería permanecer decorosamente en un segundo plano, los valores por los que vale la pena gobernar. Kirchner hace una y otra cosa, en una mezcla que a muchos los vuelve fervorosos y que a otros, como a mí, les evoca los fantasmas del pensamiento único (hay pensamiento único en muchos temas, no sólo en economía).
Y si destaco estas disidencias es porque está en juego la construcción de un museo sobre un pasado que me involucra tanto como a los organismos de derechos humanos, al Presidente y a sus compañeros. Sobre las décadas del ‘60 y ‘70 hay varias narraciones posibles, todas ellas en conflicto. Han pasado más de treinta años y seguirá habiendo posiciones encontradas. Resumirlas en la teoría de los dos demonios es sólo un modo demagógico y efectista de clausurar la discusión. No suscribo esa teoría y sin embargo, sobre la violencia de los años ‘70, tengo juicios diferentes a los de otros que tampoco la suscriben. Fui una militante de esos años y sé que no sólo tuve sueños humanitarios y generosos sino autoritarios y violentos; sé que la idea misma de “derechos humanos” me era completamente ajena. Habrá historias de los años de la militancia; en mi opinión, deberán enfrentar el doble peligro del romanticismo y el sentimentalismo. Sobre todo, no habrá construcción de una verdad si la idea misma de construcción, es decir de aportes diferenciados que se ensamblen, es jaqueada por la intolerancia, un sentimiento comprensible en las víctimas directas, pero injustificable en los intelectuales, el Estado y el Gobierno.

* Ensayista.