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Los fiscales del caso AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, y la diputada Nilda Garré comenzaron la semana pasada un intenso debate. La legisladora presentó una denuncia contra los fiscales por su actuación en la investigación del ataque contra la mutual judía y Mullen y Barbaccia se comunicaron con Página/12 para refutar los cargos. Garré, a su vez, también le envió a este diario un texto con sus posturas. Estas son las posiciones y sus argumentos.
1 Garré denuncia a los fiscales “por haber armado una historia oficial sobre lo que pasó, antes de investigar y sin importar la verdad y eligiendo a quienes debía inculpar”.
Los fiscales: “Garré fue durante un año titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado contra la AMIA y nada dijo acerca de esta acusación o siquiera dejó asentada su postura acerca de lo que afirma ahora. Si dice que se armó una historia oficial, significa que hay una verdad oculta, encubierta por los fiscales. Ella nunca lo denunció”.
Garré: “El armado de una historia oficial quedó en claro ahora, durante el juicio oral. Si bien durante la instrucción hubo irregularidades, que me llevaron a pedir el juicio político del juez Galeano, la trama con todos sus involucrados se reveló en el juicio. Las declaraciones recibidas en el juicio y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas muestran la coordinación entre Galeano y los fiscales”.
2 Garré acusa a los fiscales de conocer el pago ilegal a Carlos Telleldín y de haber participado activamente en dicho pago, lo que quedó demostrado en el juicio oral.
Los fiscales: “La totalidad de los agentes de la SIDE que declararon el debate negaron que los fiscales conocieran el pago a Telleldín, afirmando que se trató de una operación secreta y que jamás hablaron del tema con los fiscales. Por otra parte, fuimos nosotros los fiscales los que nos opusimos al pedido de recompensa solicitado por Telleldín”.
Garré: “Los fiscales no sólo conocían el pago, sino que participaron activamente en su concreción. En el juicio, el ex prosecretario de Galeano, Claudio Lifschitz, lo afirmó claramente. Por otro lado, los cruces telefónicos de los dos días de entrega del dinero, 5 de julio y 17 de octubre de 1996, existieron llamados entre los celulares de Mullen y Barbaccia y los de Broussón y González, estos últimos agentes de la SIDE que concretaron el pago. Finalmente, hay un incidente de excarcelación de Telleldín en el que éste declaró que, como no le cumplieron la promesa de dejarlo en libertad, iba a contar todo lo referente al pago de 400.000 dólares. Ese escrito fue notificado a los fiscales, incluyendo la amenaza de Telleldín de contar la verdad del pago. Por lo cual es indudable que los fiscales supieron del pago ilegal”.
3 Garré acusa a los fiscales de encubrimiento del pago ilegal, atento a que tampoco investigaron lo ocurrido cuando se descubrió el video en el que aparecieron Galeano y Telleldín negociando el dinero. Los fiscales no denunciaron los hechos ni en ese momento.
Los fiscales: “La denuncia se hizo de forma inmediata. Radicada en el juzgado federal número 5, por el robo del video del juzgado de Galeano, y en el juzgado federal número 4 por el contenido del video, es decir el pago”.
Garré: “La denuncia en el juzgado 5 es por el robo del video, no por el pago ilegal a Telleldín. Asimismo se remiten en forma falsa o equivocada a otra denuncia en el juzgado 4. Esa no surgió de los fiscales. Fue formulada por el abogado Cúneo Libarona ante el juez Mariano Bergés y de éste derivó al juez Gabriel Cavallo, quien resolvió la causa sin ninguna investigación previa. Mullen y Barbaccia no hicieron denuncia alguna por el pago ilegal”.
4 Garré acusa a los fiscales de “ejercer presiones sobre los testigos para obtener declaraciones que ellos necesitaban. Esto se dio en el caso de Semorile, Nitzcaner y Miriam Salinas”.
Los fiscales: “En los tres casos, al declarar en el juicio oral, tanto Semorile, como Nitzcaner y Salinas negaron terminantemente haber sido coaccionados o presionados para declarar del modo en que lo hicieron. En el caso de Semorile, ni siquiera menciona a los fiscales”.
Garré: “Semorile fue filmado ilegalmente admitiendo su participación en la extorsión a Telleldín. Con este video, el doctor Galeano le tomó declaración con identidad reservada a cambio de que en esa declaración impute al comisario Ribelli. Los fiscales conocían estos videos y así lo declararon el secretario de Galeano, Lifchitz, y el abogado Alberto Spagnuolo en el juicio oral. Con Salinas ocurrió algo similar. Le allanaron el departamento, encontraron droga y al día siguiente fue sobreseída y convertida en testigo de identidad reservada. Ese cambio de imputada a testigo fue anulado por el Tribunal Oral. Un procedimiento parecido usaron con Nitzcaner”.
5 Garré denuncia que “la situación del fiscal Barbaccia es aún más grave por cuanto está concursando ante el Consejo de la Magistratura para ser juez federal. Allí declaró una falsedad cuando dijo que el sumario abierto en su contra por coacción al testigo Cotoras está cerrado. No es cierto. Se encuentra apelado y a decisión de la Cámara Federal”.
Los fiscales: “Esta causa fue archivada por inexistencia de delito ya que Cotoras negó haber sido coaccionado por los fiscales. Efectivamente, el archivo fue apelado, pero por los fiscales para mejorar los fundamentos. No se debió archivar sino sobreseer a los fiscales. En otras palabras, la apelación es para mejorar los fundamentos del juez, no para revertirlos. Al haberse comprobado la inexistencia de delito, corresponde el sobreseimiento, no el archivo”.
Garré: “Barbaccia admite que no está sobreseído en esa causa. Ahora sigue mintiendo porque es falso que la apelación sólo sea para ampliar fundamentos. También hay una apelación de la defensa de Telleldín, que pide el procesamiento de Barbaccia en la Cámara. Lo cierto es que la causa no está cerrada y le mintió al Consejo de la Magistratura”.
6 Garré acusa a los fiscales de haberla denunciado falsamente para desplazarla de su cargo de titular de la Unidad de Investigaciones de la causa AMIA. La acusación consistió en señalar que Garré había revelado el nombre de un testigo con identidad reservada, sabiendo que dicho testigo –el testigo C, Abolgasehm Mesbahi– no tenía esa calidad, sino la de testigo protegido.
Los fiscales: “En ningún momento se intentó desplazar a Garré. Ella renunció por propia voluntad. La denuncia tampoco fue falsa, toda vez que Garré conocía perfectamente que en Alemania se había firmado un compromiso de confidencialidad respecto del nombre del testigo C. Por esa razón se radicó la denuncia cuando Garré, en un programa de televisión, reveló las declaraciones de dicho testigo y su nombre, violando el compromiso aludido”.
Garré: “El testigo C no tenía identidad reservada. En el acta firmada entre el juez Galeano, el fiscal Mullen y el fiscal alemán Jost se deja constancia que ‘declarará una persona que fue testigo de identidad reservada identificado con la letra C. Al ser revelada su verdadera identidad por el gobierno de Irán, dejó de ser testigo de identidad protegida. Su nombre es Abolhasem Mesbahi. Este último declaró sobre la actividad del gobierno iraní en el exterior’. Es inexplicable que los fiscales hayan realizado una denuncia penal por violación de secreto al haberse publicado la identidad del testigo y que ahora sostengan que yo dije el nombre real en un programa de televisión, lo que es absolutamente falso”.